Los poderes Ejecutivo y Legislativo van a colisionar con el Poder Judicial en México. La recién aprobada reforma judicial de López Obrador ha sido impugnada. Es probable que la Suprema Corte de Justicia, en breve, la considere violatoria del orden constitucional, de tratados internacionales en materia de derechos humanos y del Estado constitucional que presupone y exige la separación de los poderes públicos. La militarización de la seguridad pública en la Constitución validada en la semana por aquellos poderes, también la juzgará.

La presidenta de la Suprema Corte abrió tercera consulta: si es o no procedente la controversia que magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación interpusieron para suspender la aplicación de la reforma del Poder Judicial. Por el incumplimiento de formalidades del proceso (no hubo deliberación democrática en los Congresos general y estatales de minuta proveniente de anterior legislatura, votada por el 80% de diputados nuevos –tenían dos días-, sin conocerla, apresurados), como por sus contenidos. La nueva consulta se consideró urgente y se turnó al ministro Juan Luis González Alcántara, cuya ponencia elaborará el proyecto respectivo para discusión y votación.

Conocí al hoy ministro González Alcántara cuando él era magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Yo ejercía la abogacía en la Ciudad de México. Era de los magistrados más reconocidos. En ocasión de exponerle un alegato de oídas, mencionó mi paso por la Cámara de Diputados y por cargos en el gobierno federal. Cuando López Obrador lo propuso para ministro de la Corte, consideré que tenía la probidad, honorabilidad e integridad para desempeñarse. (De Loreta Ortiz, mi compañera en la Libre de Derecho, examiga, propuesta por López Obrador, digo que no).

Al analizar ponencias del ministro González Alcántara aprobadas en el pleno de la Corte y sus columnas periodísticas, he confirmado mi apreciación: piensa y decide por sí mismo, nadie lo deletrea, independiente. Así debe ser. Por supuesto, ha enfurecido a López Obrador, quien pensó que sería lacayo, como Loreta, Yasmín o Lenia, sus peones en la Corte (muy apuntadas para ser electas ministras cuatroteras, si la reforma cuaja).

La condición fundamental, imprescindible, del poder judicial, en todo Estado constitucional, es esa: ser independiente, autónomo, para juzgar si los actos de los otros poderes se corresponden o no con exigencias constitucionales y de convenciones internacionales. El Estado constitucional presupone la garantía de los derechos humanos y la separación de poderes, modelado en Estados Unidos y en Francia, siglos atrás. La Constitución no solo es estatuto jurídico del poder: es la norma que determina la validez o no del resto del ordenamiento jurídico, tanto en el aspecto formal, procedimental, como en el material, sustantivo. Cualquier violación es ilícita. Corresponde al poder judicial el control de su constitucionalidad y convencionalidad y a la Corte, en lo particular, defender la división de poderes: que el poder frene al poder de abusos.

A López Obrador, a la presidenta electa y a legisladores serviles no les ha importado violar una y otra vez la Constitución. A la Corte Suprema sí (como a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá y a los mercados financieros). Al promulgar su reforma el día 15, acompañado de su sucesora, pidió a los ministros someterse a la demolición del poder judicial independiente y dar paso a un poder sumiso. Como antes dobló al INE y al Tribunal Electoral. De lo contrario, advirtió, habrá consecuencias.

Esperemos que 8 de los 11 ministros tengan sentido del honor y no los doblen (como doblaron a legisladores de oposición). Habrá choque de poderes públicos en México; entre cultura de la legalidad y populismo marxistoide, dictatorial. Abrochémonos los cinturones: vamos en una montaña rusa cardiaca, traumática. De pronóstico reservado. Penúltima oportunidad de evitar el régimen dictatorial buscado por López Obrador -como Venezuela-. Luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ser espectador, ingenuo o cobarde no es opción ética responsable. Vamos, con la Suprema Corte, a defender la división de poderes y nuestros derechos fundamentales. Que te quiebren, pero ¡no te dobles!

Analista político

• @jalcants

• Juan Miguel Alcántara Soria