Los leoneses se aprestan a vivir una época donde la supresión de la seguridad jurídica, la supresión del debido proceso y la supresión de la libertad estarán a flor de piel, toda vez que ya es un hecho público que la autoridad municipal ha anunciado, la creación e incremento de tribunales inquisitoriales. Pretenden presentarnos con bombo y platillo la desaparición de los oficiales calificadores, que funcionan en barandilla en las instalaciones de Seguridad Pública y a los cuales convertirán en jueces cívicos, según declaraciones recientes del Alcalde de esta ciudad, así como de otros funcionarios públicos. De darse este acontecimiento, esta conversión implicará que el propio H. Ayuntamiento de León será quien trasgreda el artículo 115 constitucional de nuestra Carta Magna, porque es este numeral, quien le otorga a los Municipios sus facultades y atribuciones para sus gobiernos, pero por ende también para sus limitaciones.
En este orden de ideas, los servicios públicos a cargo de los municipios son, entre otros, de acuerdo al inciso e), fracción III: agua potable, drenaje, alcantarillado, alumbrado público, limpia, recolección, mercados, panteones, rastro, calles, parques y jardines, etc., pero para el tema que nos ocupa en el inciso h) su función es la de la seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución, policía preventiva municipal y tránsito, luego entonces este artículo establece quienes son los facultados para imponer penas y esta imposición y duración son exclusivas de la autoridad judicial. Así las cosas, los futuros juzgados cívicos contravienen, desde mi humilde opinión, el artículo 13 que dice: nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por juzgados especiales y esta prohibición es precisamente, el dique que detiene cualquier tipo de atropello a las libertades de la seguridad jurídica y del debido proceso. Ahora bien, sé que no es fácil tratar de explicar esta idea y que probablemente a algunos, ya los aburrí pero para poder entender la magnitud de esta supresión de derechos, cuando alguno de ustedes sea objeto de estos tribunales inquisitoriales, tendrá que echar mano de los artículos constitucionales que dan certeza jurídica a todo mexicano y particularmente a los leoneses, por lo que les pido continuar la lectura. Estos juzgados cívicos violentarán el artículo 14 de nuestra Carta Magno, porque éste es el caballo de batalla que se invoca cuando una autoridad quiere pasarse de listo y reza: Nadie podrá ser privado de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio, seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho.
En esta tesitura podría ahondar más sobre los derechos que cada uno de nosotros tenemos, como por ejemplo en la transformación de los juicios tradicionales a los orales, en donde es una obligación que un juez vigile, que todo imputado o víctima cuente con un defensor o Ministerio Público respectivamente; debe de haber una defensa técnica y adecuada y la víctima puede tener un asesor jurídico, con la garantía de que todo el juicio se registrará a través de audio y video. Pero creen Ustedes que estos juzgados cívicos, tendrán esta infraestructura? porque no hay que olvidar que los jueces cívicos, en primer lugar deben de ser los garantes de la seguridad de todos los detenidos, por faltas administrativas. Estoy cierto, de que no faltarán los defensores de esta nueva modalidad diciendo que estos juzgados cívicos ya se encuentran instituidos y funcionando, en el Estado de México, por tanto sólo habrá que remembrar que desde el 2016 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, emitió la recomendación3/2016 al haberse suicidado 2 ciudadanos que se encontraban bajo custodia de los jueces cívicos, lo anterior lo cito como botón de muestra.
Dicho sea de paso, considero que en estos momentos el gran ausente de la problemática que nos aqueja en cuestión de seguridad, o en este caso de estos tribunales especiales cívicos, es precisamente el Ombudsman de Guanajuato, José Raúl Montero de Alba, quien es el Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, quien sin duda alguna tiene el conocimiento de que la Procuraduría se encuentra facultada para promover una acción de inconstitucionalidad a todo este tipo de Leyes que violentan los derechos fundamentales de todo guanajuatense, así como también puede promoverlo el Congreso del Estado y el Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados. En suma, es tiempo de que el Ombudsman guanajuatense continúe en su labor de ser el garante de los ciudadanos porque no pasa desapercibido, que la ley es para todos pero ésta debe ser imparcial y justa, pero hay desplazados, vejados e incluso hasta humillados. Las políticas criminológicas que nos ponderan y de las que me he ocupado en este artículo no es el camino para revertir la desconfianza que tienen los leoneses, en cuanto a la seguridad pública.
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