El Estado, la política y el derecho, guardan una íntima vinculación entre sí y deberían tener como premisa mayor la justicia y seguridad, pero estos conceptos han ido moldeándose según los intereses y condiciones sociopolíticas de los líderes en turno. En este orden de ideas, los objetivos pueden ser variables respecto a la administración de los gobiernos distinguiéndose, desde mi perspectiva, dos aspectos: el de aumentar los ingresos públicos por medio de las multas por infracciones de los reglamentos y segundo, el de prevenir conductas anti-sociales, que pueden generar la comisión de delitos.
En este concierto de ideas, me parece oportuno hacer una evaluación de cuál es el objetivo que tiene la administración municipal de León, encabezada por su Alcalde López Santillana, de reformar el Reglamento de Tránsito que consistirá en elevar el pago de las multas por la infracción a éste, por parte de los conciudadanos leoneses o aquéllos que vayan en tránsito en esta jurisdicción de León. Además, de crear nuevas infracciones que se verán reflejadas en el aumento del articulado de dicho reglamento.
Así las cosas, considero que la premisa mayor, para la modificación de este reglamento de tránsito en el tema de las multas y aumento de sanciones, deberá de quedar claro si es con el objeto de prevenir o si es con el objeto de incrementar sus ingresos recaudatorios. En este tema, no se necesita ser un experto para entender el concepto de prevención, que encierra el binomio que “más vale prevenir, que castigar”. Sin embargo, la forma en que se está planteando deja claro que con esta estrategia, no se está previniendo sino contrario a esto se está reprimiendo y persiguiendo a sus infractores.
Para ser más claros, pongamos como ejemplo que está sucediendo en la práctica cotidiana, sobre todo en los fines de semana en donde los leoneses, incluidos los jóvenes y de cualquier edad acuden a estos lugares como centros de entretenimiento y de socialización. Es de todos conocido que una vez que se cierran estos lugares, a unas cuantas cuadras se instauran filtros u operativos, conocidos como el alcoholímetro, y a nadie tomará por sorpresa que lo más probable será que en su mayoría, los conductores darán positivo al nivel de alcohol para considerarlos no aptos para conducir un vehículo de motor y consecuentemente, serán objeto de una sanción, que con la pretendida reforma llegará a la cantidad de $13, 700.00.
En este orden de ideas, para este ejemplo, la pregunta es: ¿en dónde está la prevención? Habida cuenta que los encargados de la ley y el orden han permitido que el conductor se desplace 2 o 3 kilómetros, del bar/cantina/estacionamiento hasta donde se instaló el operativo, ¿quién nos puede asegurar que el conductor al recorrer esta distancia, sufra un siniestro, accidente, o bien atropellé a un peatón, etc? Luego entonces, contrario a lo que se afirma que es para prevenir, creo que la actuación de la autoridad es premeditada porque sabe que al ser, los bares o cantinas, centros de expendio de alcohol en copeo o botella, sus clientes seguramente consumen este líquido llamado etílico.
Así las cosas, concluyo que no es preventiva esta acción, pues se está infraccionando después de que ya se ha conducido un vehículo de motor.
No es tan complicado hacer un extrañamiento a las autoridades municipales, que si quieren verdaderamente prevenir, como lo he manifestado en otras intervenciones, se anticipen al hecho , lo cual sería lo más sencillo si se quiere y se tiene voluntad de hacerlo, es decir, si tenemos situado el lugar de los estacionamientos de los bares, así como los mismos, se pueden presentar las autoridades a la salida de éstos e interrogar a los parroquianos si traen vehículo y si éstos conducirán el mismo, se le advierta si se encuentra apto para conducir un vehículo de motor, habiéndole practicado el examen. Otra medida, podría ser que los responsables de los bares establezcan el grado de alcohol que puede tomar aquella persona que conduce un vehículo y de esta forma, aunque se invade un poco la privacidad de los clientes, estaríamos hablando de una política de atención, en pocas palabras tratar de que los conductores en estado de ebriedad, mejor dejen sus vehículos en el estacionamiento y en su lugar utilicen taxis o uber.
Pero desafortunadamente, lo cierto es que la ampliación para la venta de bebidas embriagantes, autorizada por el ayuntamiento, favorece el alcoholismo, atenta contra la salud y la economía familiar porque por un lado, recaudan dinero por estos permisos y por otro infraccionan a aquéllos que se ven seducidos por la venta de alcohol en la ampliación de estos horarios.
Finalizo esta columna, con el temor fundado de que este reglamento será aprobado por el mayoriteo de los regidores que seguirán las instrucciones de sus líderes, por lo cual, apelo al sentido democrático de cada uno de éstos para que a conciencia y profundidad analicen este reglamento que a todas luces es recaudatorio y lo que menos tiene, es ser preventivo.
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