La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, anunció que Estados Unidos solicitó a las autoridades mexicanas, por tercera ocasión, que revise si a los trabajadores de la planta de Panasonic Automotive Systems de México, en Reynosa, Tamaulipas, se les están negando sus derechos de libre asociación y negociación colectiva en la elección de sindicatos.
Se trata de la tercera solicitud que realiza Estados Unidos sobre México bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (RRM, por su siglas en inglés), implementada en el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), sobre reclamaciones en el sector automotor nacional.
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“Este anuncio demuestra una vez más que, cuando surjan inquietudes, trabajaremos rápidamente para defender a los trabajadores en ambos lados de la frontera”, dijo Katherine Tai en una carta dirigida a la Secretaría de Hacienda.
Tras la solicitud, México tiene diez días para acceder a realizar una revisión y, si accede, 45 días a partir del anuncio para resolver la revisión.
La representante estadounidense agregó que, junto con el secretario Marty Walsh y su equipo en el Departamento del Trabajo, se encuentran trabajando en estrecha colaboración con el gobierno mexicano para abordar rápidamente los asuntos del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida.
“Espero hacer lo mismo en este tema también”, indicó la funcionaria.
En relación con la solicitud de EU, Tai ordenó al Departamento del Tesoro que suspenda la liquidación de todas las entradas de bienes pendientes de las instalaciones de Panasonic México.
Los funcionarios estadounidenses co-presiden el Comité Laboral Interagencial para el Monitoreo y la Aplicación (ILC, por su sigla en inglés). El pasado 18 de abril, la ILC recibió una petición de RRM de SNITIS, un sindicato mexicano, y Rethink Trade, una organización de defensa con sede en EU.
La petición alega que a los trabajadores de la planta de autopartes de Panasonic en Reynosa se les niega el derecho de libre asociación y negociación colectiva. La ILC determinó, en respuesta a la petición presentada el 18 de abril, que existe suficiente evidencia creíble de una denegación de derechos que permite la invocación, de buena fe, de los mecanismos de ejecución.
El año pasado, Estados Unidos presentó dos solicitudes de revisión a México. Dichas solicitudes fueron las dos primeras ocasiones que un país utilizó el nuevo RRM, y cada una resultó en beneficios concretos sustanciales para los trabajadores de ambos países.
En aquella ocasión, las autoridades estadounidenses solicitaron la revisión en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, así como en la planta de Matamoros, Tamaulipas, del fabricante de autopartes Tridonex.
Sobre el tema, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), José Zozaya dijo a El Sol de México que la asociación siempre velará por los derechos de los trabajadores.
Agregó que en el sector automotriz mexicano se ha respetado la cláusula incluida en el T-MEC sobre la libertad sindical. No obstante, comentó que los temas de contratación corresponden a cada una de las empresas y que la AMIA no interviene por temas de “libre competencia”.
“Estamos de acuerdo (AMIA) que los trabajodres tengan la libertad de elegir a sus sindicatos (...) La empresa debe facilitar que eso suceda pero no es su responsabilidad”, aseguró el presidente de la AMIA en la entrevista.
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