La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó la compra de equipamiento y mobiliario para las sucursales del Banco del Bienestar con un valor de 391 millones de pesos, pero no comprobó dicho gasto, revela una auditoría realizada por el despacho Bargalló, Cardoso y Asociados a los estados financieros del BanBien al cierre de 2021.
Según esta auditoría, el Banco ha realizado diversas gestiones para que la Sedena presente el inventario físico del equipamiento adquirido y su ubicación, pero no ha presentado esa información
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“La adquisición del equipamiento reportado por la Sedena fue registrada por el Banco en los rubros de mobiliario y equipo de cómputo por 321 millones de pesos y otros gastos de administración y promoción por 16 millones de pesos, sin contar con evidencia documental que soporte su ubicación física”, señala el documento.
El 3 de enero de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la construcción de dos mil 700 sucursales del Banco del Bienestar para convertir a la institución bancaria en la más grande del país. Las obras, dijo el mandatario, estarían a cargo del Ejército.
Año y medio después, el jefe del Ejecutivo federal anunció que además de la construcción de estas sucursales, la Sedena se encargaría de la compra de cajeros automáticos, mobiliario e instrumentos para equiparlas.
Según el informe del auditor, con fecha de 4 de marzo, hasta el cierre de 2021, el Banco del Bienestar había puesto a disposición de la Sedena 14 mil 625 millones de pesos para la construcción y equipamiento de dichas sucursales, sin embargo ha habido deficiencias en los reportes del ejercicio de los recursos.
“En nuestro trabajo de auditoría fueron aplicados procedimientos de revisión para evaluar los controles establecidos para el seguimiento y registro contable del avance físico financiero del proyecto de expansión, revisión de los recursos transferidos a la Sedena y reportes del ejercicio de recursos, y hemos determinado que los controles son susceptibles de mejora”, indica el documento.
Dichos recursos corresponden a 23 convenios de colaboración firmados entre la institución financiera y la Secretaría de la Defensa, de los cuales la Sedena sólo ha reportado el ejercicio de cinco mil 335 millones de pesos.
De este monto, la Sedena gastó 35 millones de pesos en la construcción de 14 sucursales terminadas que ya están en operación. La mayor parte, equivalente a cuatro mil 909 millones, se ha destinado a la construcción de mil 202 sucursales que hasta el cierre de 2021 no habían concluido el proceso de entrega recepción, y los restante 391 millones han sido para la adquisición de equipamiento no permanente, pero no hay reporte de su localización.
De acuerdo con lo anunciado por el presidente López Obrador al inicio de 2020, las dos mil 700 sucursales del Banco del Bienestar debieron concluirse el año pasado, sin embargo, las obras sufrieron retrasos a causa de la pandemia.
El reporte financiero del banco señala que los convenios con la Sedena concluyen el 30 de septiembre de 2024, al término del actual sexenio, por lo que las obras y la entrega de las sucursales equipadas deberá terminar antes.
SE DISPARA LA MOROSIDAD
El Banco del Bienestar cerró el año pasado con un índice de morosidad de 35.46 por ciento, 16.78 puntos porcentuales más que un año antes, es decir, casi el doble.
Este resultado fue casi 12 veces mayor al índice de morosidad promedio, que refleja el nivel de impago de los clientes de las instituciones de la banca de desarrollo, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El reporte del Banbien indica que su cartera vencida fue de 507 millones de pesos al cierre de 2021, ocho millones menos que un año antes.
La institución financiera explicó que esta reducción en su cartera vencida se debió principalmente a la recuperación de la cartera del programa integral de inclusión financiera (PROIIF).
El Banco del Bienestar se creó en julio de 2019 con la intención de dispersar los apoyos sociales del Gobierno federal así como de promover el acceso al financiamiento de forma equitativa para personas físicas y morales, impulsando así la inclusión financiera.
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