Abogados y activistas exigen que se abra cuanto antes la audiencia de amparo 144/2022, con la que se espera que el juez reabra la investigación sobre el caso de Leonardo Reyes Cayente, asesinado supuestamente por policías estatales en San Miguel de Allende.
Los abogados Juan José Padierna Salazar y Mikhail Ornelas Rodríguez, de la firma legal Ornelas Padierna y José Raymundo Sandoval de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, representan a los familiares desde el 13 de diciembre de 2018.
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“Hace 3 años 9 meses Leonardo Reyes Cayente fue ejecutado extrajudicialmente por policías estatales en San Miguel de Allende, Guanajuato; la versión oficial es que los agentes repelieron una agresión, lo que contrasta con el dicho de cinco testigos que señalan que llegaron al lugar donde Leo se encontraba aún con vida, pero al no saber qué estaba pasando se escondieron entre los matorrales y fueron testigos de cómo la FSPE (Fuerzas de Seguridad Pública del Estado) manipuló la escena”, comentó uno de los abogados de la firma.
“Cabe señalar que, en febrero de 2020, la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) emitió la recomendación 83/18-D en la que señala que sí hubo violaciones a derechos humanos, ya que verificó el uso excesivo de la fuerza y que los agentes no ofrecieron auxilio médico ni rindieron informe detallado al superior jerárquico de forma inmediata”, agregó.
Así mismo señalaron que en el año 2020 la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato decidió el no ejercicio penal en contra de los agentes de la FSPE, esto implicó el archivo del caso, con la justificación de una legítima defensa.
Tras lo anterior la familia y los abogados impugnaron dicha determinación por considerar que existen múltiples contradicciones de los policías; ya que aseguraban que los testimonios y las pruebas científicas eran visibles dichas contradicciones.
“Existen múltiples contradicciones en el dicho de los policías, tanto en sus testimonios, como en las pruebas científicas, por lo que, en dicha audiencia de impugnación, se expondrán ante el Juez de Control de San Miguel de Allende todas esas inconsistencias, para que determinará si efectivamente la FGE tenía razón en archivar la carpeta o bien, revocar dicha determinación y ordenar se continuará con la investigación”, añadió Mikhail Ornelas.
Además señalaron a una jueza de control, decidió no entrar al tema de fondo, por considerar que la impugnación había sido presentada de manera extemporánea, mismo que la familia negó rotundamente.
Por lo anterior el equipo Jurídico interpuso un amparo indirecto que fue resuelto en recurso de revisión por parte de un Tribunal Colegiado en la materia, que le ordenaba a la misma Jueza que repusiera la audiencia y verificará la validez de la notificación.
“Después de diversos recursos jurídicos y de reiteradas negativas del Poder Judicial de Guanajuato, el 05 de septiembre de 2022, dos años después de la determinación del no ejercicio de la acción penal, un Juez Federal ordena al Juzgado Penal de San Miguel de Allende (Amparo 144/2022)que señale día y hora para la celebración de la audiencia nuevamente y se abstenga de considerar que la determinación de no ejercicio de la acción penal y del archivo de la carpeta de investigación número 129198/2018”, explicaron los abogados.
También señalaron que tienen detectados que tres de los seis oficiales de policía que presuntamente participaron en el caso investigado ya no se encuentran en la corporación, esto de acuerdo a la información que la firma legal obtuvo en la última audiencia.
“Exigimos que el Juzgado Penal con sede en San Miguel de Allende entre al fondo del asunto y ordene que se reabra la investigación en la que agentes estatales serían responsables de ejecución extrajudicial de la que fue objeto Leonardo Reyes Cayente; que la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato(PRODHEG) reabra el caso analizando por fin la ejecución extrajudicial y no sólo el uso excesivo de la fuerza; que la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) establezca una propuesta de reparación integral del daño, tal como se recomendó en 2020 por la PRODHEG, desde los más altos estándares internacionales; y que la FGE se abstenga de litigar contra la reapertura del caso”, exigieron los abogados.
Así mismo señalaron que aún no se tiene una fecha exacta de la próxima audiencia, sin embargo esperan que se realice en el mes de octubre, la cual representaría una reapertura de la investigación.
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