En la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, como organismo rector del agua en el Estado, creemos que el trabajo que por más de 25 años hemos realizado los gobiernos estatales y federal, así como otros actores involucrados en este importante proyecto, no puede ser concluido de manera unilateral y sin escuchar los argumentos de todos y lo más importante: sin encontrar una solución favorable para la totalidad de la población a la que se va a beneficiar de agua para su consumo, tanto la población de Guadalajara y los Altos de Jalisco, como la población de León, Guanajuato. Esta solución debe ser técnica, no política como se está planteando.
Con la altura propuesta por el Presidente de la presa a 80 metros, se puede garantizar el agua para todos los beneficiarios sin inundar ni afectar a los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, sólo controlando adecuadamente el volumen de agua almacenado. Es un escenario positivo para todos, garantizando el derecho humano al agua, porque el agua no tiene fronteras. La población de León con sus más de un millón 700 mil habitantes –gente de trabajo que vence las adversidades- también tiene derecho a que le sea garantizado contar con agua para su consumo durante las siguientes décadas.
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Por ello será necesario además fortalecer las estrategias que ya se vienen desarrollando para lograr la sustentabilidad hídrica de León y del Estado de Guanajuato, como son: uso eficiente del agua en los distintos usos en la Cuenca Lerma-Chapala para contar con remanentes de agua para consumo humano; reuso de agua tratada; fortalecimiento del ciclo hidrológico; proyectos de recarga de acuíferos favoreciendo los escurrimientos e infiltración; acciones de mitigación los efectos del cambio climático; disminución de la huella hídrica en los diferentes usos del agua; disminución de extracciones reduciendo pérdidas en las redes de agua potable; reducir las demandas doméstica e industrial; uso eficiente del agua en la agricultura; entre otros.
Existen opciones viables para lograr la seguridad hídrica de la población de León y de todo el Estado, sin embargo, estas estrategias requieren el apoyo decidido de la Presidencia de la República para su ejecución, así como la participación activa de los entes gubernamentales y otros actores involucrados.
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