Guanajuato, Gto. Con el fin de dar certeza y seguridad a los guanajuatenses, las comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Obra Pública con la de Justicia, analizaron la iniciativa de reforma a la Ley que Regula a los Agentes Inmobiliarios en el Estado de Guanajuato.
Durante la mesa de trabajo, la diputada del PAN, Cristina Márquez Alcalá dijo que es importante que el ciudadano tenga la garantía que está siendo bien asesorado cuando busca ayuda para comprar un inmueble.
Añadió que tiene que ver con la acreditación de quienes se dedican a esta tarea de compra, venta, renta de bienes inmuebles.
Agregó que se pretende contar con una norma que dé mayores garantías a todos los involucrados desde el agente inmobiliario, quien pone el patrimonio y el notario que da fe del acto.
En el análisis, la diputada Susana Bermúdez Cano destacó diversos elementos con los que cuenta la propuesta como fortalecer la regulación de las personas morales, denominadas agencias inmobiliarias; la obligatoriedad de acreditarse para realizar esas operaciones.
También el fortalecimiento desde las notarías; la competencia del Poder Ejecutivo para que la Secretaría de Gobierno logre los fines de la ley, a través de una colaboración transversal; y un padrón de agentes inmobiliarios acreditados; así como establecer sanciones.
Presentes en la mesa de trabajo estuvo Gabriel Ponce Fuentes, presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios Acreditados del Estado, señaló que representan a más de 600 agentes acreditados.
Mercedes Soto Ávalos, directora de Inmobiliaria Zona Mac, señaló que consideraba que es necesario acreditarse; fortalecer las sanciones, así como establecer los plazos en que se aplicarán.
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Margarita Rivera Ramírez, presidenta de Asesores de Bienes Raíces Especializados, apuntó que era necesario considerar la antigüedad para acreditarse de por lo menos dos años; y que las operaciones vayan avaladas por asesores que sí tengan el tiempo mínimo, mientras otros lo alcanzan.
Juan Carlos Alonso Corona, presidente de Asesores Certificados de INFONAVIT, se refirió a los créditos que ofrece dicho instituto y resaltó que se debe tener cuidado en esta actividad porque se involucra un patrimonio.
Juan José González indicó que no había una penalización para quienes realizan prácticas inmobiliarias si no están certificados; en cuánto a la renovación de la certificación se pronunció por mantener su número para conocer el tiempo que llevan realizando este trabajo y destinar recurso para hacer campañas de información sobre fraudes inmobiliarios.
Pilar Fuentes Cortez, notaría pública de Acámbaro, comentó que los agentes inmobiliarios no forman parte de su acto jurídico, simplemente entregan los documentos.
María Guadalupe Nicasio Meza, representante de agentes inmobiliarios, manifestó que existían áreas de oportunidad y falta de precisión de algunos conceptos como el nombre de la ley.
Se propusieron ajustes al artículo primero, relativo a la naturaleza de la norma, para incorporar la excepcionalidad de a quienes sí y a quienes no les aplica la ley; modificar el artículo cuarto en materia de supletoriedad; entre otras.