León, Gto.- Todo inició con el sueño de obtener un hogar donde vivir, la mayoría de las personas afectadas buscaron casas a través de Marketplace en Facebook y encontraron propuestas muy atractivas y al alcance de sus bolsillos.

En la plataforma se manejaban como remates bancarios y había un asesor inmobiliario que les brindaba asesoría y una vez que les ofrecía una mejor ganga los compradores eran citados en una de las dos oficinas de Punto Legal Abogados ubicadas en la colonia Alameda o bulevar Juan Alonso de Torres, para cerrar el trato.

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“Siempre fue un trato muy cordial con Édgar y sus colaboradores. Él nos dijo que de tres a siete meses podríamos ocupar la casa”, comentaron.

Llega la pandemia

Con la promesa de las casas serían entregadas en un plazo de tres a siete meses se tuvo que postergar a causa de la pandemia, sin embargo, los afectados creían en las palabras de Édgar en las que les mencionaba que las citas se postergaron en el Registro de la Propiedad u otra dependencia haciéndoles llegar documentos bien formulados pero con folios y datos alterados.

Pero, ¿Cómo inició este fraude?, Los afectados relataron a Organización Editorial Mexicana que fue a través de los asesores quienes al pedir información les explicaba que se trataba de remates bancarios, pero que no eran los únicos interesados en la casa, por tal motivo tenían que dar cierta cantidad de dinero sólo para el apartado, de no ser así, la casa sería vendida a otra persona.

“Nos atrapaban diciendo que depositáramos en cierto lapso de tiempo y cierta cantidad para que la casa fuera nuestra, para dar los pagos unos llegamos a ir a las oficinas de punto legal y otros hicimos transferencias ya sea a las cuenta de Édgar, de su hermano o de su esposa, otros le dieron el dinero en la mano a Édgar”, dijeron.

Una vez realizado el pago, inmediatamente les llegaban papeles vía WhatsApp o por correo brindándoles cierta confianza de que el proceso era por la vía legal.

“El proceso fue tan rápido que no nos dio la oportunidad de reaccionar, pues si se pagaba inmediatamente, teníamos más posibilidades de que la casa se entregara más rápido”, añadieron.

Al pasar el tiempo y no obtener respuesta de sus escrituras, las personas afectadas comenzaron acudir a sus oficinas donde Édgar les pedía paciencia y entendimiento ya que con la pandemia no había citas y todos los trámites habían quedado atrasados.

Sin embargo, seguían confiando pues los pagos se habían realizado en algunas notarías de la ciudad, al paso del tiempo y que la propiedad no se les entregaban algunas personas acudieron a los domicilios donde se percataron que las casas estaban habitadas y en la mayoría de los casos, sus habitantes contaban con escrituras.

Al darse cuenta llegaron a las oficinas de la Alameda o Juan Alonso de Torres para pedir explicación, estando ahí eran corridos y hasta amenazados por personal y por el propio Édgar quien les comentó que estaba protegido por las mismas autoridades.

“Una vez me corrió de la oficina y me gritó, me dijo que le hiciera como quisiera pero que al fin y al cabo él estaba bien protegido y en caso de que lo denunciara no iba a proceder porque tenía muchos conocidos”, comentó una afectada.

Un verdadero viacrucis

Cuando se dieron cuenta que estaban pasando por un fraude fue cuando más personas acudían a reclamar su dinero o casa, fue en ese momento que las personas afectadas se pusieron en contacto y comenzaron reunirse, primero para levantar denuncias ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), quienes les recomendó acudir al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) o al Registro de la Propiedad para verificar si no se trataba de un fraude, aún así la instancia federal levantó sus denuncias.

Para su sorpresa los folios y todos los documentos estaban alterados, incluso en las notarías donde se realizaron las firmas tenía un apartado que jamás les explicaron que decía lo siguiente:

“El inmueble ubicado en la calle Mizar número 103 ciento tres de la colonia Observatorio II de la ciudad de León, Guanajuato y dicen que reconocen las firmas que en él aparecen como propia y manifiestan que hacen sabedoras del contenido y clausulado del mismo, ya que ellos mismos lo redactaron liberando al notario de cualquier responsabilidad”, lo último se lee en letras negritas y subrayado.

Y añade: “Así como de sus consecuencias jurídicas, manifestando además, que les conceden valor probatorio pleno para todos efectos legales a que haya lugar, anexándose un tanto del contrato que ratifican al apéndice de representante para los efectos conducentes.- Doy fe.-”.

Luego, de ver y leer cada documento se dieron cuenta que habían caído en un fraude y de esta manera los afectados acudieron a la Fiscalía a hacer una denuncia formal.

“Tenemos muchas pruebas de que fuimos estafados, queremos justicia”, finalizaron.