La mayor cantidad de delitos de alto impacto y que han derivado en la comisión de eventos calificados como atrocidades se han concentrado en estados que forman parte de la llamada Ruta del Fentanilo y de la cual Guanajuato forma parte.
Así lo aseguró el consultor y especialista en seguridad pública, David Saucedo Torres, quien dijo que es momento de que en el país sea ejecutado un Plan B para contener la violencia homicida, pues señaló que desde su perspectiva el Plan A no ha funcionado para contener la disputa violenta que mantiene la delincuencia organizada en varias zonas del país por el control del mercado de la droga.
David Saucedo formó parte del panel que participó en la presentación de los resultados informe denominado “Galería de Horror: Atrocidades registradas en medios”, que elaboró la organización civil Causa en Común, en la que se dio cuenta que a nivel nacional hubo cinco mil 333 hechos calificados como atrocidades, entendidas éstas como las acciones en las que es implementado “el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo, para causar la muerte de un alto número de personas, para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político o para provocar terror”.
De esas cinco mil 333 atrocidades documentadas en medios de comunicación, 596 ocurrieron en Guanajuato y las cuales cobraron la vida de al menos 802 víctimas, con lo cual el estado ocupó el segundo lugar en esta situación, sólo superado por Veracruz, que tuvo en el periodo de enero a diciembre de 2021 el registro 827 personas que fallecieron en este tipo de hechos atroces.
David Saucedo explicó que aunque el informe de Causa en Común señala que la mayoría de las atrocidades cometidas no son por integrantes del crimen organizado, a la hora de hacer una segregación de los hechos de alto impacto atribuibles a los cárteles de la droga “detectamos que la ruta de fentanilo sí está afectando gravemente la situación de inseguridad en México”.
“Es algo que no se ha estudiado de manera correcta, el cambio en el producto de trasiego de droga hacia Estados Unidos sí está afectando y generando otros tipos de violencia”, dijo David Saucedo.
El consultor en seguridad pública aseveró que cuando los homicidios se dieron por el tráfico de marihuana, éstos se concentraron en zonas productoras y de rutas de paso, mientras que cuando fue por el tema del tráfico de la cocaína, “la violencia se dirigió hacia esos estados en donde se daba el punto de arribo de droga y el transporte de la misma”.
“Pero ahora que tenemos nuevas rutas de droga, las del fentanilo, que están generando ganancias muy grandes para los cárteles y tenemos estados que se encuentran en una virtual guerra civil, que serían el caso de Zacatecas y Guanajuato; es decir, sí hay una violencia asociada con el tipo de producto que se comercializa y la dinámica que existe al interior de los cárteles de la droga”.
David Saucedo señaló que parte de esa violencia que se está perpetrando con niveles poco imaginados de crueldad es por la disputa que mantienen el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa por el negocio del fentanilo y en muchas ocasiones las atrocidades que comenten son para mandar mensajes a los rivales o incluso a los desertores de que eso les podría suceder si están en contra de cierto grupo delictivo y comparó la situación que actualmente se vive el país con la que tuvo Colombia de la década de 1980 y la pugna entre el Cártel de Medellín y el Cártel de Cli.
Saucedo Torres manifestó que a pesar de esa virtual guerra civil que han emprendido los grupos del crimen organizado por el negocio de la droga, el Gobierno Federal no ha podido atajar el tema y su estrategia no ha funcionado.
“Las estrategias de seguridad pública, de acuerdo a lo que muestran las estadísticas y el análisis cualitativo que realiza Causa en Común dejan muy en claro que no están funcionando y se tiene que avanzar en consecuencia en otras estrategias (…) tenemos que tener ya un plan B, porque el plan A, que creo que ni era plan, no funcionó y no está funcionado”.
El especialista en temas de seguridad nacional manifestó que la estrategia federal se ha centrado en únicamente enviar grandes cantidades de elementos de la Guardia Nacional a territorios como Guanajuato o Zacatecas, “pero no está impactando de manera significativa en los eventos de alto impacto”.
Impunidad, la llave para seguir delinquiendo
Por su parte, el politólogo Bernardo León Olea, quien también participó en el panel organizado por Causa en Común, atribuyó al incremento en la violencia homicida y a la comisión de atrocidades al alto nivel de impunidad que se vive en el país, en donde ni siquiera un 1% de las personas que cometen un ilícito son procesadas por las autoridades.
“La abrumadora mayoría de los delitos no se investigan y la abrumadora mayoría de las personas que cometen delitos no son procesados y no tienen ninguna especie de consecuencia legal por los delitos que cometen”.
“Estos niveles de impunidad muy grandes son los que producen una espiral ascendente de violencia, sin duda, pues a nadie le cuesta demasiado cometer delitos”.
Bernardo León, quien incluso fue consultor en temas de seguridad en municipios como León e Irapuato y para la implementación de la Justicia Cívica, dijo que es momento de que las policías municipales puedan realizar labores de investigación, pues ellos tienen la radiografía de lo que pasa en sus municipios y deberían tomar mayor participación para poder dar una mayor atención a las víctimas.
“Yo creo que el problema es que tenemos 300 mil policías locales y que no están recibiendo denuncias, a pesar de que desde 2008 la ley les obliga a que lo hagan y entonces las víctimas no pueden ir con un autoridad a reportar un hecho delictivo del que fueron objeto”.
Las policías locales, que tienen un enorme conocimiento de la situación criminal que hay en un lugar, no les dan facultades plenas para investigarlo, porque tienen que estar bajo la conducción y mando del Ministerio Público y en la práctica la mayoría de las policías municipales y estatales no tienen unidades de investigación ni hacen investigación.
“(…) Entonces esta gente que está cometiendo delitos queda impune y como queda impune comete cada vez delitos más violentos y más delitos y más gente dice ‘oye, cometer delitos es un buen negocio, pues no hay una sanción de ningún tipo y la posibilidad de que me metan a la cárcel por hacer lo que hice o me impongan algún tipo de sanción es menos de un 1%”.
Trabajar por regresar la paz, acto revolucionario
La activista Eliana García también participó en el panel sobre el análisis de la violencia criminal que vive en el país y coincidió en que el Gobierno Federal no está asumiendo su papel de garante de este derecho, pues las estrategias han sido erróneas y ha habido un desdén muy claro por las víctimas.
Por ello, dijo que la acción más subversiva que se puede hacer actualmente en el país es el de trabajar por la recuperación de la paz y tiene que surgir desde la sociedad esta iniciativa.
“La acción más subversiva que tenemos en este momento en este país es recuperar la paz, es la acción mucho más fuerte, contundente, revolucionaria que cualquier mexicano o mexicana puede desarrollar, regresar a niveles de paz que permita una convivencia de todas y todos”.
El reporte de Causa en Común dio a conocer que durante 2021 la mayor cantidad de atrocidades documentadas en el país fueron mil 151 casos de tortura, 837 casos de mutilación, descuartizamiento destrucción de cadáveres, 556 casos de hallazgos de fosas clandestinas, la comisión 529 masacres o asesinatos de tres o más personas, 490 casos de asesinatos de mujeres con crueldad extrema y 373 asesinatos de niñas, niños y adolescentes, entre otros.
Además, el estudio reveló que a pesar de que en 2021 hubo en el país 47 atrocidades menos que en año anterior a ese, en cuanto a víctimas hubo un incremento considerable, pues mientras en 2020 hubo seis mil 365 personas asesinadas en hechos atroces, el año pasado fueron ocho mil 759, es decir, dos mil 394 más.
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