/ jueves 30 de mayo de 2024

Casetas de vigilancia deben de ser reguladas

Proponen reformar el Código Territorial del estado

Guanajuato, Gto. El cambiar una vialidad de pública a privada con la instalación de casetas de vigilancia debe ser regulado, expresó la diputada del partido Verde Ecologista de México en el Congreso local Martha Ortega.

En tribuna presentó una iniciativa de reforma al Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato con el objetivo de atender ese tema.

Expresó que cada vez se hace más común ver que las calles deciden colocar casetas de vigilancia con plumas para controlar el paso de vehículos y transeúntes. También se colocan cadenas, enmallados o portones con la misma finalidad.

Dijo que, aunque en la mayoría de los casos se realizan esas acciones por un tema de seguridad, la realidad es que a la par se está afectando la libertad de tránsito en las calles y vialidades.

Más porque este tipo de actos se realiza de manera descontrolada por las asociaciones de colonos o fraccionadores, sin que exista alguna regulación y muchísimo menos una evaluación de la vialidad para la instalación de las casetas de vigilancia.

“Se debe garantizar que los enrejados en las vías públicas no sean un obstáculo para el ejercicio de este derecho, sino más bien una limitación razonable y proporcionada en función del bien jurídico que se pretende proteger”.

Ortega Roque agregó que en la ley no se marca nada que hable sobre regular las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones en el municipio con relación a los controles de acceso y tránsito de las vialidades públicas.

Por ello, dijo que tendría que ser a través de disposiciones emitidas por los Ayuntamientos que se den las aprobaciones para colocar dicha infraestructura y no contravenir el Código Territorial y con ello afectar el libre tránsito estipulado en la normativa.

Explicó que, con esta reforma, se establecerían las bases para el otorgamiento de licencias para la construcción e instalación de casetas de vigilancia y controles de acceso en vías públicas, de conformidad con los reglamentos que los municipios expidan.

Guanajuato, Gto. El cambiar una vialidad de pública a privada con la instalación de casetas de vigilancia debe ser regulado, expresó la diputada del partido Verde Ecologista de México en el Congreso local Martha Ortega.

En tribuna presentó una iniciativa de reforma al Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato con el objetivo de atender ese tema.

Expresó que cada vez se hace más común ver que las calles deciden colocar casetas de vigilancia con plumas para controlar el paso de vehículos y transeúntes. También se colocan cadenas, enmallados o portones con la misma finalidad.

Dijo que, aunque en la mayoría de los casos se realizan esas acciones por un tema de seguridad, la realidad es que a la par se está afectando la libertad de tránsito en las calles y vialidades.

Más porque este tipo de actos se realiza de manera descontrolada por las asociaciones de colonos o fraccionadores, sin que exista alguna regulación y muchísimo menos una evaluación de la vialidad para la instalación de las casetas de vigilancia.

“Se debe garantizar que los enrejados en las vías públicas no sean un obstáculo para el ejercicio de este derecho, sino más bien una limitación razonable y proporcionada en función del bien jurídico que se pretende proteger”.

Ortega Roque agregó que en la ley no se marca nada que hable sobre regular las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones en el municipio con relación a los controles de acceso y tránsito de las vialidades públicas.

Por ello, dijo que tendría que ser a través de disposiciones emitidas por los Ayuntamientos que se den las aprobaciones para colocar dicha infraestructura y no contravenir el Código Territorial y con ello afectar el libre tránsito estipulado en la normativa.

Explicó que, con esta reforma, se establecerían las bases para el otorgamiento de licencias para la construcción e instalación de casetas de vigilancia y controles de acceso en vías públicas, de conformidad con los reglamentos que los municipios expidan.

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