Denuncian “coyotaje” y malas prácticas en servicios funerarios de León

León, Gto.- El presidente de la Asociación de Funerarias en León, Christian Ureña, denunció una serie de “malas prácticas” a las que se encuentran día con día derivado del “coyotaje” que se vive en las oficinas de gobierno o incluso en las casas particulares para ofrecer servicios funerarios.

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Detalló que los mismos servidores públicos dan el “pitazo” a dichas funerarias que en muchas de las ocasiones no cumplen con lo establecido y engañan a los familiares, pues el resultado es que al final se dan cuenta que nunca iniciaron los trámites correspondientes.

"Las unidades están aquí con el ataúd y la carroza afuera ofreciendo el servicio, en ese momento es cuando hay gente que es engañada y lo acepta. Entonces lo suben a la camioneta y se van a Guanajuato para hacer el trámite y les entregan, los dejan en su domicilio y las personas nunca supieron donde estuvo la funeraria, incluso nos han querido contratar a nosotros para llevar el cuerpo e indagando nos damos cuenta que la funeraria no había arreglado papeles”, dijo.

El representante de las funerarias en la ciudad aseguró que incluso muchas de las veces les ha tocado ver cómo estas personas llegan antes que el Ministerio Público incluso cuando ocurre al interior de un domicilio.

"Yo creo que un problema es que está el mentado pitazo de que hay un cuerpo y se desplazan. Y en lugar de los hechos lo curioso es que nos ha tocado ver que llegan primero las funerarias, más que el Ministerio Público, y cuando ocurre en la calle lo entiendes, pero dentro de los domicilios es por una mala práctica".

En este sentido pidió a las autoridades que muestren empatía, pues además el gremio se están enfrentando a la falta de una ley que regule los costos en los municipios por el traslado de cuerpos, pues con la centralización de los mismos por parte de las autoridades, hay municipios donde las familias pagan hasta 3 mil pesos cuando no debería de costar más de 300.

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Argumentó que no es lo mismo un impuesto tradicional por un pago de permiso de construcción que al de sepultar a una persona, y peor aún, si se trata de una muerte violenta.