José Raymundo Sandoval Bautista, representante de la Plataforma por la Paz y Justicia en Guanajuato, externó que la desaparición forzada que vivieron los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el pasado 26 de septiembre de 2014, trajo un paralelismo en el estado de Guanajuato que ha dejado diversos aprendizajes en la materia y un avance institucional mínimo.
El profesor e investigador defensor de los derechos humanos considera que todavía hacen falta políticas en materia de atención a víctimas y de búsqueda de personas desaparecidas y un mayor involucramiento de equipos multidisciplinarios.
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Señaló que prueba de esto está la creación de dos comisiones de búsquedas en el año de 2020 que remontan un rezago en el poder legislativo para emitir las leyes y que esto fue un pequeño avance institucional en el estado.
“Todavía hay pendientes, no están publicados los programas de búsquedas en la Comisión de Búsqueda, la Comisión Estatal de Atención Integral de Víctimas tiene un fondo deficiente nada más para que ustedes comparen de 13 millones para atender más de 15 mil víctimas de homicidio doloso, más de 3 mil desapariciones y los feminicidios, cuando la FGE y la FSPE tienen 7 mil millones de pesos de presupuesto”, contrastó el activista por los derechos humanos.
Durante una presentación en la biblioteca de la Universidad Iberoamericana León, Raymundo Sandoval, explicó que estas cuestiones interinstitucionales permiten generar ciertas acciones para cumplir las obligaciones que están marcadas por ley, pero hay un dejo de simulación en algunos procesos’.
“Es ahí donde la Fiscalía no ha cumplido las recomendaciones de la ONU entorno a las desapariciones forzadas y es importante señalar que las familias han promovido el establecimiento de mesas forenses para avanzar en la identificación de los cuerpos no reconocidos y así abatir el rezago forense e incluso solicitar asistencia técnica de organismos internacionales y la fiscalía no ha estado dispuesta a hacerlo”, opinó Sandoval.
El exponente agregó a la comunidad universitaria que en Guanajuato observa un avance institucional de los mínimos que implica el cumplimiento de lo establecido por la ley.
“Así como las familias han logrado crear este capital social y esta gobernanza es importante también que desde las universidades y en los diferentes sectores estudiantiles se puedan ir involucrando en estos procesos de diálogo”, dijo.
Respecto a las simulaciones que viven colectivos de desaparecidos, dijo que la sociedad puede sumarse a los procesos de organización y estar informándose, participando en los diferentes espacios de convergencia que hay en procesos constructivos en derechos humanos y en las comisiones de búsquedas.
Agregó que un comité de la ONU señaló que en México se reconoce que la impunidad frente a las desapariciones son prácticamente absolutas a tal grado que la desaparición forzada de personas en el país ‘es el crimen perfecto’ debido a que no hay una investigación ministerial adecuada y a que no existen efectivamente canales para lograr el acceso a la verdad y a la justicia.
“El informe del comité establece que es necesario implementar un plan nacional de prevención y erradicación de las desapariciones y una de las propuestas que el Gobierno Federal ha hecho para cumplir este plan nacional que implica por supuesto la aprobación del Programa Nacional de Búsqueda y otras medidas son mesas del más alto nivel que impliquen la elaboración de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones”, finalizó Raymundo Sandoval.