En el estado de Guanajuato hay cinco hombres vinculados a proceso pero en libertad por violencia digital.
Lo anterior lo dio a conocer la diputada local Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien mencionó que hay 351 denuncias por estos delitos, ante la Fiscalía General del estado.
Estas investigaciones corresponden a 163 casos de afectación a la intimidad; 181 de acoso en redes sociales y 7 por captación de menores.
Sin embargo, reconoció que hay una cifra negra de situaciones que se atienden en Institutos de mujeres o en colectivos feministas.
De acuerdo con el análisis que se ha realizado, es en la zona Laja-Bajío donde se concentra 80 % de las denuncias.
Las víctimas son 90 % mujeres y el resto hombres, particularmente de la comunidad LGBT, precisó.
En el caso de las personas vinculadas, aclaró que cuatro son exparejas de las denunciantes, que circularon en redes sociales fotografías íntimas. Al no ser un delito grave, los vinculados continúan su proceso en libertad.
Lo que se ha detectado es que desde donde se realiza el ciberacoso son páginas apócrifas de instituciones educativas. Libia García ejemplificó que se investiga un caso donde 125 jóvenes que no tienen nada en común han sido acosadas desde una sola cuenta. Esto en la zona Laja-Bajío.
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De estas 125 mujeres, en dos casos el ciberacoso llegó a convertirse en acoso real y presencial, al ser reconocidas y denostadas en vía pública.
La legisladora indicó que en la Fiscalía se lleva a cabo el trabajo de geolocalización para determinar si las cuentas están abiertas en el estado de Guanajuato o en otras entidades.
Y dijo que en cuanto se detecta el delito, las cuentas de las víctimas se bloquean inmediatamente pero cuando abren una nueva, vuelven a ser blanco de violencia digital.
Por ello, mencionó que es necesario que se endurezca la legislación para que Facebook, Twitter e Instagram no permitan la reactivación de las cuentas que violentan.
García Muñoz Ledo mencionó que en algunos de los casos denunciados, los acosadores cobran entre 500 pesos y dos mil para quien busque más contenido y a las víctimas se les extorsiona con entre dos mil y cinco mil pesos para detener el acoso.