Guanajuato, Gto.- El grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, propuso crear un nuevo impuesto referente a las apuestas a través de los juegos y sorteos que se realicen en el estado de Guanajuato.
La diputada Angélica Casillas Martínez, sostuvo que la propuesta más allá del enfoque recaudatorio se realiza, pero con perspectiva de salud pública y seguridad, para tener un equilibrio entre los intereses económicos y sociales.
Esto es para evitar la dependencia al juego, una enfermedad que se conoce ludopatía, en donde se registra un incremento en este padecimiento.
Comentó que la iniciativa busca establecer un impuesto del 10% sobre las erogaciones y 6% sobre los premios que reciban los participantes de estos juegos.
Angélica Casillas manifestó que no se trata de prohibir los juegos y las apuestas, sino establecer mecanismos para inhibir el riesgo de que las personas padezcan de ludopatía.
Dijo que el impuesto constituye una obligación de derecho público y debe ser establecido en la ley, además de ser proporcional y destinarse para cubrir gastos públicos.
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Mencionó que este tributo ya opera en otras entidades federativas como es el caso de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Casillas Martínez expresó que el incremento exponencial en la oferta y demanda de juegos de azar ya puestas ha dado origen a la proliferación de la ludopatía, trastorno que se provoca cuando las personas juegan compulsivamente, y suelen tener problemas de abuso de sustancias, trastornos de personalidad, depresión o ansiedad.
Finalmente, señaló que se busca establecer contribuciones que tengan un objetivo de impacto social, a fin de satisfacer el fin extrafiscal de tener una medida en contra de la ludopatía, e impactar en las condiciones de seguridad sin que persiga un fin recaudatorio.
La iniciativa fue turnada a las comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.