León, Gto. En febrero de 2014, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de Guanajuato presentó por primera vez en la historia del estado una iniciativa para reformar el Código Civil para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo; a 10 años de distancia, este derecho no ha podido ser una realidad para la población de la diversidad sexual.
Sin embargo, por medio de amparos y luego de que se emitió un decreto para prohibir al Registro Civil de Guanajuato solicitar recursos legales para casar a personas del mismo sexo; en esta década se han realizado más de 769 uniones por el civil entre personas de este sector de la población.
Ricardo Gallardo y Julio Ofarrel fueron la segunda pareja en casarse en León hace casi 10 años y además de una serie de actos de intolerancia y discriminación que denunciaron en su momento, tuvieron que pagar más de 40 mil pesos para que les hicieron valer sus derechos.
“El hecho de que la comunidad LGBTIQ+ haya pasado por tantas trabas y que hoy por hoy sigan sin garantizarse los derechos no es ningún avance, a nosotros en lo particular, cuando hicimos todo el proceso, nos salió en más de 40 mil pesos y no existía ninguna jurisprudencia que nos garantizara el matrimonio igualitario; aún así, cubrimos los gastos, corrimos los riesgos y nunca debimos de haber pasado por nada de eso”, recordó Ricardo Ofarrel.
En este periodo, la batalla por partidos de la oposición frente al Partido Acción Nacional para legalizar el matrimonio igualitario no ha parado; fue el 18 de octubre de 2018 cuando Movimiento Ciudadano presentó otra iniciativa y en el 2021 lo hizo el Partido Verde, pero ambas fueron rechazadas.
“Han metido varias iniciativas en torno al matrimonio igualitario y todas son rechazadas, ya después salió el decreto que prohíbe al Registro Civil pedir amparo, pero eso no garantiza los derechos de la comunidad LGBTIQ+, porque los decretos los pueden retirar los gobernadores el día que gusten, lo único que nos garantiza nuestros derechos es que en el Congreso voten a favor y modifiquen el Código Civil, donde diga que el matrimonio es entre dos personas”, agregó.
A este derecho se suman otros, donde de acuerdo con activistas locales se han encontrado trabas como la resignación sexo-genérica, que pese a todo, de 2015 a la fecha se han realizado 265 y dos adopciones de parejas homorantales ante el Registro Civil, una en el 2020 y otra en el 2021.
Ricardo Gallardo calificó de absurdo el argumento que hay en Guanajuato para avalar los derechos humanos a las personas de la población LGBTIQ+.
“Si la finalidad del matrimonio realmente fuera la procreación tendrían prohibido casarse las personas estériles, deberían exigir un análisis para ver que sean fértiles y si no lo son no tendrían derecho a casarse independientemente de la orientación sexual… o las personas que no quieren tener hijos, ahorita tampoco tendrían derecho a casarse; así de absurdo es el argumento en el estado de Guanajuato para el tema del matrimonio igualitario”.