Debe el gobierno municipal dejar en claro si la operación del alcoholímetro realmente ha contribuido en algo a la disminución de accidentes viales o se trata solo de un tema recaudatorio, señaló el presidente del Colegio de Abogados de León, Jorge Marcelino Trejo Ortiz.

A más de seis meses de operación de un reglamento de vialidad impuesto, se desconoce a dónde se destinan los recursos recaudados.

Dijo, existen muchas incógnitas en su operatividad y su finalidad, pues puede ser considerado un tanto represivo al carecer el ciudadano de alternativas para su sanción.

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Además, consideró el representante de los profesionales de la ley, que la emisión del nuevo reglamento de tránsito y vialidad, aprobado y puesto en funciones a partir del mes de enero del 2019, no ha reflejado resultados positivos o al menos las autoridades no han dado a conocer sus resultados.

Cuántos conductores son detenidos el por alcoholímetro u otros artículos que son violados, cuánto pagan y a donde se destina ese dinero, en realidad ha logrado inhibir.

Es necesario que se establezcan, mecanismos que orienten a la ciudadanía más que a reprimir, finalizó el presidente del Colegio de Abogados.