IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Los gobiernos federal y estatal tienen que blindar a los 46 alcaldes y alcaldesas electas de Guanajuato, no sólo para evitar que pudieran ser víctimas de algún ataque en su contra, sino también para evitar que a base de amenazas o sobornos los grupos de la delincuencia organizada quieran imponerles a personas en sus gabinetes, sobre todo en áreas como seguridad pública, tránsito, fiscalización o en obras públicas.

David Saucedo Torres, consultor y asesor en seguridad pública, dijo en entrevista con Organización Editorial Mexicana que probablemente hubo municipios en donde los cárteles de la droga le apostaron por candidatos que no resultaron ganadores y tras ello no esperarán otros tres años para poder operar, por lo que podrían recurrir a la presión por medio de la violencia para hacer ceder a las próximas autoridades municipales a que les dejen trabajar en esos territorios.

“La autoridad estatal y el Gobierno Federal tendrían que blindar a las autoridades electas, debido a que los cárteles le apostaron a varios candidatos que no salieron triunfantes. A diferencia de un partido político o de un candidato perdedor, que tuvo que esperarse tres años, los cárteles no se van a esperar tres años, ellos si acaso se esperarán tres semanas, pero en breve van a hacer contacto y tratarán de inducir para que las autoridades electas designen a los directores de policía, directores de tránsito, directores de fiscalización con los que ellos puedan trabajar.

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“Entonces, en primer término, el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal tienen que blindar a los alcaldes electos, porque los grupos del narcotráfico no tardan en llegar con ellos, ya sea con mensajes intimidantes o bien con sobornos, con el objeto de que pongan a disposición en las carteras municipales a personajes con los que ellos pueda trabajar”, dijo David Saucedo.

Además, dijo que el brindar protección a las autoridades electas evitaría que sucedieran escenarios como el ocurrido en 2015 en Jerécuaro, cuando fue asesinado Rogelio Sánchez Galán, alcalde electo emanado del Partido Verde.

Apoyar a próximos gobiernos, la prioridad

David Saucedo Torres explicó que en un segundo escenario, las autoridades electas sólo tienen tres opciones para designar a sus directores de seguridad y deben tomar la mejor decisión.

“Pedir apoyo al estado, que el estado designe a un comandante de las FSPE; pedir apoyo a la Federación y que se la Federación la que les designe a un director de seguridad pública de origen militar, o bien, designar a un director de seguridad pública independiente que dependa totalmente de quien va a gobernar”.

En todos los casos, explicó el consultor y asesor en seguridad pública, hay pros y contras, por lo que dijo que se tiene que repensar el modelo de las policías municipales, pues hay algunas que no tienen ni el equipamiento, ni la cantidad de elementos, ni el sueldo suficientes como para poder enfrentarse a los grupos delictivos y en algunos casos están expuestos y en otros casos son corrompidos, al no tener otra opción.

“Hay municipios en donde yo considero que la policía jamás va a estar a la altura para enfrentar a un cártel y hay municipios en donde de entrada ni tienen considerado presupuesto, con menor razón estarían en condiciones para enfrentar al crimen organizado.

“Ahí yo creo que el Gobierno del Estado tiene que hacer un revire, si bien están en contra del Mando Único, hay policías municipales que no están en condiciones de enfrentar al crimen organizado. Y si bien es cierto que las policías no tienen esas atribuciones, pero las tengan o no, lo cierto es que el alcalde y la policía municipal se tienen que enfrentar con ellos, más allá de lo que diga la ley, en los hechos la policía municipal se tiene que enfrentar con ellos, pues los narcotraficantes llegan y los balean, no les importa lo que diga la ley”.

Por ello, David Saucedo Torres expuso que lo importante es comenzar a fortalecer a las áreas de seguridad pública de los 46 municipios, pues para los grupos delictivos su trabajo de empezar a corromper, inflitrarse o adueñarse de áreas municipales de las próximas administraciones ha comenzado y eso que aún no toman posesión las nuevas autoridades.