El plan de Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, es hacer una serie de consultas populares para definir el futuro de la reformas estructurales promovidas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
“La revisión de las llamadas reformas estructurales: laboral, educativa, fiscal, energética, entre otras que, en su caso, serán sometidas a consulta popular”, revela el análisis Desafíos El Senado la Cuarta Transformación elaborado por el ex gobernador de Zacatecas y hombre de confianza de Andrés Manuel López Obrador.
En los primeros 20 meses del sexenio de Enrique Peña Nieto fueron promovidas y aprobadas 11 reformas estructurales, las cuales tenían la finalidad transformar la vida de los mexicanos y de diversos ámbitos de la gobernabilidad en México.
Peña Nieto buscó que con esos cambios se elevara la productividad del país, se impulsara el crecimiento económico, se fortalecieran los derechos de los mexicanos y se afianzara el régimen democrático y libertades.
Las reformas logradas por Enrique Peña Nieto y el pacto por México fueron la laboral, energética, competencia económica, telecomunicaciones radiodifusión, fiscal, financiera, transparencia, política-electoral y educativa, así como los cambios en la Ley de Amparo, el Sistema Penal Acusatorio.
“Es preciso revisar las leyes de la llamada reforma educativa que, en lo esencial, es una reforma laboral”, señala Ricardo Monreal en el documento.
Según el senador por Morena, el Congreso de la Unión habrá de hacer el análisis y las consultas necesarios para suprimir los aspectos negativos de esta reforma y proponer una que realmente atienda las necesidades educativas de la población, sin afectar a nuestras maestras y maestros.
“Sí a la reforma educativa, pero con la sociedad, las madres y padres de familia, los maestros y maestras de México, no contra ellos”, agrega el legislador.
Monreal Ávila dice que presentarán un plan para producir las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad usada por los mexicanos, algo que reducirá los precios de estos insumos en beneficio de los consumidores y de las empresas nacionales.
Hubo “un descontento hacia reformas: Enojo por parte de ciertos sectores por las reformas energética y educativa, las cuales son apoyadas por otro sector”, agrega.
Fin a los monopolios
El coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal Ávila, cuenta también con un plan legislativo para quitarle poder y acabar con los monopolios a empresas de telefonía, internet, refrescos y minería, quienes han provocado un encarecimiento de hasta 30 por ciento los servicios y productos a los mexicanos.
“Los monopolios privados existentes en las telecomunicaciones, en la minería, en la construcción y en la industria agropecuaria, los mexicanos padecían un sobreprecio de hasta el 30 por ciento”, revela uno de los hombres de confianza de Andrés Manuel López Obrador.
El ex gobernador de Zacatecas buscará promover la radiodifusores y televisoras locales, así como impulsar la industria de la construcción y la dedicada a la fabricación de ropa, calzado y otras mercancías.
En la historia de México se ha considerado eliminar los monopolios: en la Guerra de Reforma, que se dio entre 1857 y 1860, prohibió la existencia de monopolios, y se reconoció la libertad de expresión, de asamblea y de portación de armas.
En el gobierno de José López Portillo se reformó la Constitución, para añadir en su artículo 6.º la frase “El derecho a la información será garantizado por el Estado”. En ese mismo lapso, se promulga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en que se asigna a la Secretaría de Gobernación la función de “formular, regular y conducir la política de comunicación social del gobierno federal y las relaciones con los medios masivos [sic] de información”.
“El Estado monolítico acusaba sus primeras grietas, y los movimientos sociales cuestionaban un sistema de fachada democrática, pero con una creciente separación de las aspiraciones populares”, expresa Monreal Ávila.
El político dice que la información oficial facturada, pero presentada como si fuera noticia, o la elusión por parte de las empresas de impuestos o de cuotas al IMSS, en una derrama económica que alcanzaba incluso a reporteros y personal de las mesas de redacción, a través de una nómina de dádivas en efectivo o en costosos regalos y privilegios.
“En los medios electrónicos el esquema era parecido, reforzado además porque las empresas radiodifusoras o de televisión operaban al amparo de una concesión entregada discrecionalmente por el Estado y que, por tanto, podía ser cancelada de la misma manera. Sólo hasta después de 1988 se otorgaron las primeras concesiones por la vía de una licitación, y es hasta recientemente que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha licitado y asignado de forma pública y transparente frecuencias radiofónicas y canales de televisión”, concluye.
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