Congresistas de EU piden a la USTR intervenir ante reformas de la 4T

Un grupo de congresistas estadounidenses solicitó a la Oficina de la Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) su intervención para evitar que las reformas que se discuten en la Cámara de Diputados y el Senado mexicanos afecten al T-MEC.

Los congresistas pidieron a la embajadora Katherine Tai, titular de la USTR, que se comunique con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta electa Claudia Sheinbaum y los legisladores mexicanos para garantizar que las reformas que se discuten no entren en conflicto con las obligaciones de México en el marco del acuerdo comercial.

“Reconocemos el derecho soberano de cada gobierno de actualizar su constitución y valoramos profundamente la sólida asociación entre Estados Unidos y México. Sin embargo, muchas de las reformas propuestas parecen comprometer el acceso de los inversionistas estadounidenses a un marco regulatorio estable, predecible e imparcial”, dice una misiva firmada por ocho congresistas.

Política

¿Qué sigue en San Lázaro tras la aprobación de la reforma judicial?

El documento enfatiza la preocupación de los legisladores norteamericanos por la reforma del Poder Judicial, la que desaparece a los organismos autónomos, la que prohibe la minería a cielo abierto y las importaciones de maíz transgénico, entre otras.

Tales políticas socavarían la competitividad de América del Norte y crearían un entorno desafiante para las empresas relevantes que buscan operar bajo las reglas del T-MEC en México

Los congresistas Adrian Smith, Ron Estes, Jim Costa, Greg Stanson, Claudia Tenney y Michelle Steel, entre otros, pidieron a la titular de la USTR que se pronuncie sobre la posición de la administración de Joe Biden sobre las reformas constitucionales impulsadas por la 4T, así como una previsión del impacto que tendrán en las empresas e inversores estadounidenses.

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También solicitaron que se responda antes del 20 de septiembre un informe sobre la interacción de la USTR con el gobierno de México en relación con estas reformas constitucionales, así como una estrategia a largo plazo para proteger el acceso al mercado para las industrias estadounidenses, en caso de que se promulguen dichas reformas.