Este viernes, el Juez Segundo de Procesos Penales en el Estado de México, con sede en Toluca, giró 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa adscritos a los batallones 27 y 41 de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.
Las órdenes de captura, que también incluyen a 26 elementos de las policía municipales de Huitzuco, seis de Iguala y uno Cocula, se dan el mismo día que fue detenido el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, a quien se le acusa de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa.
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En las imputaciones, detalló la FGR, también se encuentran cinco autoridades administrativas y judiciales, así como 11 policías del estado de Guerrero, además de 14 presuntos integrantes del grupo criminal conocido como Guerreros Unidos, al que se le atribuye la responsabilidad de la privación ilegal de la libertad y posterior desaparición de los estudiantes.
Además de los imputados contra el exprocurador, la FGR señaló que las órdenes de aprehensión que se giraron esta noche responden a delincuencia organizada, tortura y homicidio.
“Las imputaciones, en cada caso, se darán a conocer en el proceso penal correspondiente, y el cumplimiento de las órdenes de aprehensión serán también informadas en el momento procesal que la ley autorice”, agregó.
Estos recursos girados por el juzgador ocurren apenas un día después de que la Comisión de Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa se reunió con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y a pocas horas de que el extitular de la extinta Procuraduría General de la República y autor de la llamada “verdad histórica” fuera detenido en la Ciudad de México.
Ayer, en la presentación del informe, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que este hecho que permanece sin resolver desde hace ocho años fue un crimen de Estado, pues autoridades de los tres niveles de gobierno tuvieron cierto grado de responsabilidad en la desaparición de los jóvenes.
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“La creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado (...) En resumen, se trató de un crimen de Estado”, afirmó.
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