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La CNDH se pronunció en contra de “expandir la esfera’’ de las fuerzas armadas, no sólo en el ámbito de la seguridad pública, sino al económico y lo político, al concederles potestad, al margen de cualquier consideración o fundamento legal, “para que asuman tareas de desarrolladores inmobiliarios, constructores de obra pública, exploten y se beneficien de las actividades aeroportuarias del país’’.
Al participar en el Parlamento Abierto de la creación de la Guardia Nacional, Luis Raúl González Pérez, dijo que “así como para adquirir bienes y contratar servicios, aún en estos ámbitos, bajo el manto de reserva y transparencia limitada inherente a las cuestiones de seguridad nacional’’.
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“Es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil. Si se les concede poder económico, se afianza su poder político y se les deposita como potestad esencial el monopolio estatal del uso de la fuerza’’, advirtió.
En el Senado de la República, propuso el establecimiento inmediato de un grupo o panel de análisis especializado y plural que revise la evidencia objetiva y concreta, cuyas consideraciones aporten elementos para construir un esquema de seguridad pública, en el que aceptando y reconociendo la necesidad temporal de la participación de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública.
Que se prevea una ruta para corregir las deficiencias, así como para el desarrollo y fortalecimiento de las policías e instituciones civiles, tanto federales como locales y municipales, a efecto de que sean ellas quienes asuman la seguridad pública, contemplando un plan para el retorno gradual y verificable de las Fuerzas Armadas a las tareas que les son propias.
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Eventualmente, dijo el titular de la CNDH esta estrategia podría implicar la creación y consolidación de una fuerza de seguridad intermedia de carácter civil, con disciplina y adiestramiento especializado, que sea un elemento que coadyuve en el proceso de transición entre la intervención militar directa y el que las policías civiles recuperen las funciones que les corresponden.
“La Guardia Nacional como se plantea no garantiza justicia. Se marca una ruta para militarizar áreas hasta ahora reservadas a las instituciones civiles, pero se omite establecer claramente una ruta en sentido contrario’’.
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