El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, demandó que en el Estado de México no se niegue o subestime la violencia feminicida, sino que se le reconozca, se le atendida y elimine.
“Más allá de discusiones conceptuales o técnicas sobre la calificación de un delito, lo cierto es que cada año mujeres, niñas, jóvenes y adultas son agredidas y privadas de la vida en el Estado de México, y la gran mayoría de esos hechos permanecen impunes”, señaló.
En un comunicado, indicó que esa impunidad viola los derechos humanos de las víctimas y debilita la credibilidad y la confianza de la sociedad en sus instituciones.
González Pérez destacó lo irónico que resultan las situaciones que vulneran los derechos humanos de las mujeres en una entidad que fue vanguardista en la apertura a la igualdad de género, al tener a la primera mujer ombudsperson en el país.
En ese marco, reiteró el compromiso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para coordinarse y participar con las instancias mexiquenses en acciones que coadyuven al abatimiento y la prevención de la violencia contra las mujeres, así como a la generación de una cultura de respeto a los derechos humanos.
El titular de la CNDH subrayó que no debemos vernos en la paradoja de progresar en el reconocimiento de derechos fundamentales y no darles plena vigencia, por lo que pidió armonizar la legislación secundaria con la Constitución y los tratados internacionales, además de generar políticas públicas orientadas a brindar garantías efectivas a los mismos.
Al hablar en la ceremonia conmemorativa del 25 aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y ante el gobernador Alfredo del Mazo Maza y el presidente de dicho organismo, Jorge Olvera García, subrayó que la agenda de derechos humanos en esa entidad también incluye otras problemáticas.
Entre ellas, las relativas a niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, migrantes y con alguna discapacidad, comunidades indígenas, víctimas de trata, periodistas y defensores civiles.
Puso en relieve que los organismos públicos de derechos humanos son parte del Estado mexicano, no del gobierno, así como su autonomía de gestión respecto de cualquier autoridad o funcionario público, lo que no implica distanciamiento de las autoridades ni de la sociedad.