Menos de 10 minutos bastaron para que el exgobernador de Chihuahua, César “N” conociera formalmente, en una Corte federal de Estados Unidos, las acusaciones presentadas en su contra por la Fiscalía General de la República por el desvío de 96.6 millones de pesos hacia dos de sus empresas entre 2011 y 2014.
Uno de los principales hallazgos de la investigación fue la identificación de graves irregularidades, lo que demostró que se utilizaron procedimientos administrativos fraudulentos para entregar el dinero público a corporaciones vinculadas a César “N”, que fueron informadas a las autoridades del estado de Chihuahua.
Como señaló este diario, la malversación de fondos se realizó a través de 11 fraudulentos procedimientos administrativos en los que se concretaron 17 pagos a la Unión Ganadera Regional General “División del Norte” del estado de Chihuahua y a “Financiera de la División del Norte”, ambas relacionadas con el exgobernador.
“Los pagos se realizaron principalmente en supuestos aspectos económicos y financieros, acuerdos de apoyo y un contrato de préstamo con intereses, que se firmaron en diferentes momentos durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014.
“Los procedimientos administrativos para realizar los pagos muestran múltiples irregularidades: documentación incompleta, procedimientos inacabados, inconsistencias en fechas, conceptos y cantidades, violación de procedimientos legales para otorgar subsidios (apoyo económico y financiero) y contratación. Enfatizando el evidente conflicto de intereses entre el entonces gobernador, como el principal administrador del patrimonio del estado y las corporaciones para las cuales también se controló el patrimonio”, señala la acusación.
Incluso se expone que en los archivos de las secretarías involucradas no hay evidencia del cumplimiento del respaldo económico y financiero otorgado, y el préstamo contratado por las corporaciones asociadas al exgobernador por lo que, en otras palabras, no hay evidencia de que el estado el dinero en cuestión se usó con fines públicos.
Los pagos realizados a Unión Ganadera y Financiera vinculados al exgobernador ascienden a 96 millones 685 mil 253.80 pesos, de los cuales se entregaron 64 millones 685 mil 253.80 pesos a Unión Ganadera y 32 millones a Financiera.
Durante las investigaciones realizadas por las autoridades policiales en el estado de Chihuahua se halló que no existe documentación o información que probará que los fondos destinados a las empresas ligadas al exgobernador de Chihuahua y que fueran para los fines establecidos en los contratos. La trazabilidad o ruta del dinero, analizada en el Informe Técnico Financiero de Contabilidad del 9 de mayo de 2019, que fue preparado por un experto financiero, confirma que la subvención fue solo una simulación.
Los pagos se realizaron principalmente en supuestos aspectos económicos y financieros, acuerdos de apoyo y un contrato de préstamo con interesesFiscalía General de la República
Se explica que los recursos no se usaron para lo acordado y que el dinero público que fue malversado fue para financiar un Fideicomiso a nombre del político y su esposa. Incluso hay rastros de que existieron transferencias a una empresa constructora cuyos accionistas son personas asociadas con al exmandatario estatal.
De esta forma, las autoridades comenzaron a relacionar a familiares cercanos de César “N” con la red para desviar recursos públicos del erario chihuahuense mediante empresas y acuerdos o contratos fantasma.
La causa penal contra el exgobernador contiene más de 20 declaraciones realizadas por personas que entre 2010 a 2016, fueron cercanas al entonces gobernador y trabajaron para el Servicio de Impuestos Internos y la Secretaría de Desarrollo Rural.
En la audiencia del 8 de julio se buscó que el exgobernador pudiera obtener la libertad bajo fianza, sin embargo la juzgadora no se pronunció sobre el tema.
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