La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma constitucional para traspasar el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en medio de señalamientos de la oposición y organizaciones civiles que advierten que el cambio militariza la seguridad pública.
Con 362 votos a favor, 133 en contra y cero abstenciones, los morenistas concretaron la adscripción a la Sedena de la corporación creada en 2019 por mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que en 2023 la Suprema Corte de la Nación (SCJN) frenó el traspaso al declarar inconstitucional la reforma a leyes secundarias impulsadas también por Morena.
Una vez aprobada en lo general, los legisladores procedieron a la discusión en lo particular de las 433 reservas inscritas en su mayoría por la oposición.
El dictamen aprobado modifica 12 artículos de la Constitución para asegurar que el titular de la comandancia de la Guardia Nacional sea un General de División del Ejército, establecer que serán militares y marinos los que integren en su totalidad a la Guardia Nacional y otorgarle también la facultad de investigar delitos en el ámbito de su competencia.
La oposición buscó frenar la discusión con tres mociones suspensivas, mismas que fueron desechadas por la mayoría de Morena y aliados.
Al arrancar la discusión, la diputada Dolores Padierna, de Morena, dijo que las fuerzas armadas se han utilizado para tareas relacionadas con la seguridad pública desde los años noventa; sin embargo, dijo que esa intervención no fue regulada jurídicamente y por ello la necesidad de aprobar la reforma.
“De ahí la importancia de una iniciativa que responde a una realidad y nos permitirá abandonar el limbo jurídico en el que se mantenía la intervención de las Fuerzas Armadas”, dijo.
El diputado Héctor Saúl Téllez, del PAN, aseguró que la reforma militariza la seguridad pública y criticó que cuando Morena fue minoría se opuso a la militarización y hoy que es mayoría se “case” con ella.
“Solicitamos que regresen a ese origen que tanto luchó Morena y que hoy están desperdiciando. No puedo concebir, de ninguna forma, la actitud de izquierda con el matrimonio de llevar a cabo la militarización en el país. Aquí hay muchos diputados de aquel entonces que votaron en contra de la militarización y hoy se presentan aquí a votar completamente en sentido contrario y llevar a cabo la militarización del país”, sostuvo.
El diputado Ricardo Mejía, del PT, negó que la adscripción a la Sedena militarice la Guardia Nacional, pues dijo que el comandante supremo de las fuerzas armadas es el presidente, quien es un civil.
“Quienes hoy hablan de la militarización como espantapájaros, quiero recordarles que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es un civil. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, mañana la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ese es el comandante de nuestras fuerzas armadas”, dijo.
El legislador petista también afirmó que la Guardia Nacional no repetirá la historia de la extinta Policía Federal que, acusó, se corrompió y no era suficiente para atender la violencia en el país, pues dijo que en su mejor momento la Policía Federal tuvo 36 mil elementos, mientras que la Guardia Nacional cuenta en la actualidad con 136 mil efectivos.
“No queremos que pase con la Guardia Nacional lo que pasó con la Policía Federal. La Policía Federal se corrompió, en mucho, por mandos corruptos como el hoy declarado culpable, Genero García Luna, Cárdenas Palomino y mandos corruptos que desprestigiaron a la Policía Federal”, dijo.
La diputada Lorena Piñón, del PRI, recordó que el PRI apoyó a Morena y aliados en la creación de la Guardia Nacional y la aprobación de la la reforma al artículo quinto transitorio de la Constitución para extender la permanencia de las fuerzas armadas en las labores de seguridad hasta 2028; sin embargo, el apoyo se condicionó a tres acciones que no fueron cumplidas por el gobierno federal.
La legisladora detalló que el PRI dio el aval a las reformas de Morena a cambio de la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento a las Tareas que realizan las Fuerzas Armadas en Materia de Seguridad Pública, la obligación del ejecutivo de remitir un informe semestral sobre el uso de las fuerzas armadas y la creación de un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios, obligaciones que advirtió desaparecen con la aprobación de la reforma.
Agregó que delegar a la Sedena la lucha contra la inseguridad implica el desmantelamiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la cual será encabezada por Omar García Harfuch, y cuestionó cómo se fiscalizará a una Guardia Nacional militarizada, qué pasará con la jurisdicción en casos de abusos contra civiles y cómo garantizar que no se erosione la confianza entre la población y las fuerzas de seguridad.
“Dejan un cascarón burocrático sin sustancia, sin poder de acción real, es este el plan para la seguridad de México, convertir una secretaria federal en un espectador impotente mientras los militares asumen el control de la seguridad pública”, dijo.
La modificación del artículo 13 para establecer que los elementos de la Guardia Nacional serán juzgados por tribunales militares cuando cometan algún delito es uno de los puntos que más preocupan a las organizaciones civiles.
Jonathan de Vicente, de la organización México Unido contra la delincuencia, dijo desde la Cámara de Diputados que la reforma va en detrimento de los derechos de los ciudadanos, pues si un elemento de la Guardia Nacional comete un delito sólo un tribunal militar podrá conocer del caso.
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“(Los elementos de la) Guardia Nacional tendría fuero militar, lo que significa que sean investigados y en su caso sancionados por tribunales militares, así como también van a poder perseguir delitos, cuando actualmente hay policías locales que ni siquiera pueden hacer eso”, dijo.
La reforma fue enviada al Senado de la República para su discusión y en su caso aprobación.
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