El operativo en el que la Secretaria de Marina abatió a Francisco Patrón Sánchez, alias “H2”, en 2017, y a quien la DEA cataloga como el capo que recibía protección del exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, recibió el nombre de “Operación Barcina” y participaron cuerpos de elite de la Marina.
Desde el 2016 Patrón Sánchez se había convertido en objetivo prioritario de las fuerzas armadas, ya que inteligencia militar identificó que fue el autor intelectual de la emboscada contra un convoy del Ejército en Culiacán, Sinaloa, donde murieron seis militares y ocho más resultaron heridos.
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Los reportes policíacos, declaraciones, cateos, exámenes de criminalística, forense, levantamiento de cadáveres y exámenes de ADN practicados a Patrón, fueron dados a conocer por la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de las investigaciones que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) inició en contra del general en retiro Salvador Cienfuegos Zepeda.
En los anexos uno y dos la FGR señala del enfrentamiento que hubo el 9 y 10 de febrero de 2017, donde elementos de la fiscalía de Nayarit fueron agredidos por presuntos delincuentes y se pidió el apoyo de la Secretaria de Marina para detener a integrantes de la célula delictiva “H2”, miembro del Cartel de los Beltrán Leyva.
En la mayoría de los oficios que la Fiscalía de Nayarit envío, la FGR oculto datos personales, fotografías, ubicación de la finca donde fueron abatidos ocho sicarios, y los resultados de las pruebas de ADN que le fueron practicados al cuerpo de Patrón Sánchez y sus familiares para su debida identificación.
Uno de los enfrentamientos se dio en el poblado del Aguacate, pero en donde murió Patrón Sánchez fue en una finca de Tepic, Nayarit, desde un helicóptero la Marina disparo contra los sicarios que se replegaron en el techo de la finca.
La Fiscalía dio a conocer los registros públicos de la propiedad donde murió el H2, los ocho cadáveres encontrados al interior del domicilio, el decomiso de 14 armas cortas y largas cientos de cartuchos, granadas y chalecos antibalas.
Aunque los oficios donde la fiscalía de Nayarit pide apoyo a peritos en criminología y especialistas, para determinar la forma en que perecieron los ocho sicarios y deslindar responsabilidades se hicieron públicos, la FGR protegió los resultados de dichos exámenes, así como las fotografías de los cadáveres.
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