Ante la falta de políticas públicas que atiendan y ofrezcan respuesta a los miles de desplazados, senadores, colectivos y organizaciones de derechos humanos presentaron un proyecto de Ley Nacional sobre Desplazamiento Interno Forzado en México.
“No existe la figura legalmente y ninguna autoridad se hace cargo de formular políticas públicas, por lo que miles de personas en desamparo se ven obligadas a abandonar sus propiedades y lugares de origen’’, coincidieron el senador Emilio Álvarez Icaza, el diputado Carlos Morales Vázquez y la diputada Lucía Riojas Martínez.
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Con esta iniciativa de Ley, señalaron los legisladores, se busca visibilizar y dar reconocimiento legal a un fenómeno que se ha acrecentado durante los últimos años, derivado de la violencia generalizada y de las múltiples violaciones a derechos humanos.
Un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) sobre el desplazamiento interno forzado en México en el 2018, destaca que de enero a diciembre de ese año, al menos 11 mil 491 personas se han desplazado internamente de manera forzada; éstos ocurrieron en 5 estados, 20 municipios y 52 localidades.
Las entidades con más episodios de desplazamiento interno forzado masivo en 2018, fueron Guerrero con 13; Sinaloa con 6; Chiapas con 4; Michoacán con 3 y Oaxaca con 1. En Guerrero se contabilizaron 5 mil 56 personas desplazadas; en Chiapas 5 mil 35; en Sinaloa 860; en Oaxaca 300; y en Michoacán 240.
El total de personas internamente desplazadas en México desde enero de 2006 hasta diciembre de 2018, es de 338 mil 405.
De acuerdo con la información generada, el 87.82 por ciento del total de las víctimas de desplazamiento interno forzado se concentran en Guerrero (44%) y Chiapas (43.82%).
Se reconocen dos categorías de violencia que obligan al desplazamiento forzado: la violencia generada por grupos armados organizados representa el 80 por ciento del total. Este tipo de violencia se desarrolla de una manera importante en Guerrero, Sinaloa y Michoacán, y afecta a 6 mil 156 (53.6%) personas.
Y la violencia política, de conflictividad social y/o conflictos territoriales que representa el 20 por ciento del total. Este tipo de episodios mayormente ocurrieron en Chiapas y Oaxaca, por este tipo de violencia fueron desplazadas 5 mil 335 (46.4%) personas.
En dicho informe 2018, se planteó que la población indígena desplazada correspondía al 45 por ciento del total, de los más de 11 mil desplazados en 2018, es decir, 5 mil 117 personas son considerados como población indígena.
En el mismo documento se da cuenta que del total de los episodios de desplazamiento interno forzado en 2018, el 83.8 por ciento de los casos, es decir, poco más de 9 mil 600 personas siguen en situación de desplazamiento.
La iniciativa de Ley será presentada este miércoles en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
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