La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, ordenó iniciar una investigación en contra del ministro en retiro Arturo Zaldívar, y funcionarios del Poder Judicial allegados a él, por presunta violación a la independencia judicial, falta de imparcialidad, violencia sexual, cohecho, abuso de funciones, desvío de recursos y enriquecimiento oculto.

Zaldívar acusó que la investigación tiene tintes políticos porque los resultados electorales permitirán una reforma judicial profunda.

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La investigación J/108/2024 parte de una denuncia anónima que recibió el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) el 9 de abril, la cual acusa a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea de vulnerar la independencia judicial cuando encabezó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre 2019 y 2022, por ejercer presión contra jueces a cambio de beneficios políticos y económicos.

En el acuerdo de la investigación, el CJF explica que carece de facultades para investigar a Zaldívar debido a que es un ministro en retiro, por lo que notificó a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas de la Suprema Corte para que tome el caso.

“Se ordena el inicio de la investigación y se otorga para su trámite a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas las más amplias facultades a efecto de que se recaben los medios probatorios que resulten necesarios para el esclarecimiento de las conductas denunciadas y, con ello, estar en condiciones de establecer la existencia o no de alguna falta administrativa y, en su caso, el vínculo de atribuibilidad con alguno de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación señalados o con cualquier otro sujeto de responsabilidad que resulte implicado”, dice el documento firmado por la ministra Piña Hernández.

Tras conocerse la investigación, Zaldívar acusó que la admisión de una denuncia anónima y sin pruebas es algo inédito y muy grave.

“La admisión de una denuncia anónima y sin pruebas es algo inédito y muy grave. Filtrarla a los medios aún más. La intencionalidad política de la ministra Norma Piña es evidente. Hay desesperación frente al resultado electoral y la inminente reforma judicial”, publicó el jurista en su cuenta de X.

La denuncia incluye a Carlos Antonio Alpízar Salazar, ex secretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal; Edgar Manuel Bonilla del Ángel, ex titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles; y Netzaí Sandoval Ballesteros, ex director general del Instituto Federal de Defensoría Pública.

El documento señala a jueces y magistrados, así como los casos que les tocó resolver, aunque en algunos casos omite los nombres. Menciona a Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien llevó el caso de Rosario Robles; a Iván Aarón Zeferín Hernández, quien juzgó asuntos como Cruz Azul, la demanda de la familia Jenkins, el fraude a Infonavit, la Estafa Maestra; a José Artemio Zúñiga Mendoza, que llevó "los asuntos de Lozoya, Videgaray, Genaro García Luna e Ignacio Ovalle"; y al magistrado Fernando Córdova del Valle, quien "resolvió como se le indicó los casos Gómez Mont y de Segalmex".

El 21 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina que sí llegó a hablar “respetuosamente” con el ministro Zaldívar para remarcar la importancia de ciertos casos prioritarios para el Estado.

El constitucionalista Javier Martín Reyes explicó a El Sol de México que hay un Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que permite las denuncias anónimas.

Christian Carrillo, analista político y experto en derecho constitucional, dijo que iniciar una investigación por una acusación anónima marca un precedente en el Poder Judicial.

“Es un tema delicado para la Suprema Corte de Justicia porque en las denuncias, desde mi punto de vista, debe de existir alguien que firme, un rostro.

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Creo que una denuncia anónima no abona a la justicia del país, y no abona al sistema de justicia”, puntualizó.

El constitucionalista Tito Garza Onofre consideró que está fuera de lugar que Arturo Zaldívar advierta tintes políticos en la investigación. Sin embargo, consideró que la queja sí corre el riesgo de politizarse, pero confió en la imparcialidad de la Suprema Corte.

“El Poder Judicial siempre va a estar a favor, velará por la integridad de lo que dice la Constitución”.