PAN pide al Gobierno respete tratados internacionales

El gobierno federal debe respetar los tratados internacionales y procurar la generación de energías limpias para proteger el derecho a la salud y al trabajo digno de los mexicanos, ya que va en contra de la estrategia mundial a favor del cuidado del medio ambiente.

Así lo demandó el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, quien recordó que México tiene que hacer valer los tratados comerciales con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, por su jerarquía constitucional, así como cumplir con el Acuerdo de París para la generación de energías limpias al tener la obligación de generar 35 por ciento de energías limpias para 2024.

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"Es un contrasentido aberrante, cuando todos los países del mundo están luchando para cuidar el medio ambiente, en México se esté apostando a la quema de combustóleo para producir electricidad", afirmó.

Dijo que la política de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través del Acuerdo emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) es regresiva, ya que impide la puesta en marcha de nuevas plantas de energía renovable y limita la operación de las centrales eólicas y fotovoltaicas que están en funcionamiento, así como tiene debilidades graves porque el Cenace, no tiene facultades para implementarlo, sino la Comisión Reguladora de Energía.

Además, señaló no precisa tiempo de duración, no vincula con soluciones y no tiene referencia a ningún artículo o regla, por lo que no cuenta con validez y viola la Constitución y la Ley Federal de Competencia Económica en materia de libre concurrencia y competencia económica, por lo que se debe eliminar las prácticas monopólicas en el sector eléctrico.

En ese sentido, solicitó la inmediata intervención de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), para que establezca las medidas cautelares contra las disposiciones de la Comisión Federal de Electricidad que frenan y distorsionan la libre competencia económica.

Además, hizo responsable al gobierno federal, particularmente a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, al director de la CFE y a los órganos reguladores, de violar la ley y trastocar el Estado de Derecho, de llevar a la quiebra a la empresa productiva del Estado y a las empresas privadas, del aumento en tarifas eléctricas, del deterioro irreversible del medio ambiente, del golpe a la confianza de empresas nacionales y extranjeras que habían invertido en el país.

Señaló con preocupación que se está sentenciando a los mexicanos a seguir pagando energía muy costosa y a respirar aire contaminado debido a su generación, así como ahuyentando la tan necesaria creación de empleos e inversiones millonarias en este sector.

“Es un atentado contra las nuevas inversiones por más de 6 mil millones de dólares en energías renovables y limpias, y contra el derecho de los mexicanos a un trabajo digno y a respirar aire limpio. Simple y sencillamente esta acción es inaceptable”, consideró.

Además, comentó que con esta decisión se canceló la posibilidad de brindar a los mexicanos energías más baratas, mandando otro pésimo mensaje de cerrazón e incertidumbre a la inversión privada.

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"El sector eléctrico ha sido de los más afectados por esta administración, a pesar de que la tendencia mundial se dirige hacia la electrificación en vehículos, transporte y manufactura y ya no al uso de hidrocarburos, pese a ello, el gobierno de (Andrés Manuel) López Obrador ha decidido permanecer anquilosado", añadió.

Así mismo, criticó que otro factor de preocupación es la complicidad del presidente de la República y el director general de la CFE, Manuel Bartlett, quien dijo, representa todo tipo de intereses ocultos y el mayor obstáculo para modernizar el sector, pues es el mayor opositor a la apertura y actualización de la industria energética.

“La única salvación para el sector eléctrico es que se vaya Manuel Bartlett, sentenció.

Cortés Mendoza indicó que al final, esta decisión impactará negativamente a miles de consumidores del sector comercial e industrial, pues el costo de la electricidad aumentará para todos los procesos productivos, lo cual podría terminar con incremento de precios que el consumidor final tendrá que pagar.