El Proyecto de Presupuesto de Egresos 2025 refleja una marcada contradicción entre el discurso oficial de igualdad y los recursos asignados. El gasto público destinado a políticas de género, cuidados y primera infancia se reduce significativamente, según un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) enfrenta un recorte del 4.8 por ciento, mientras que la Secretaría de las Mujeres no tiene una asignación presupuestaria identificable. La Red por una Política Fiscal Feminista (RPFF) califica este proyecto como un retroceso en la búsqueda de igualdad sustantiva, señalando que los recursos asignados no corresponden con los compromisos asumidos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El presupuesto 2025 prioriza la construcción de proyectos emblemáticos como trenes, con una inversión de 189 mil millones de pesos. Mientras tanto, el gasto destinado al cuidado apenas alcanza 0.5 por ciento del presupuesto, equivalente a 0.1 por ciento del PIB. Este monto incluye asignaciones mínimas para estancias infantiles del ISSSTE, guarderías del IMSS y programas de bienestar, según detalla el CIEP.
Magdalena García, representante de MIRA-Pensadoras Urbanas, señaló que el manejo del Anexo 13 —destinado a la transversalidad de género— sigue siendo "un desastre". Afirmó que no existe un enfoque de género integral en el diseño presupuestario.
Organizaciones como la RPFF critican que la austeridad fiscal es incompatible con el avance de la igualdad sustantiva. Las feministas advierten que las políticas sociales, aunque necesarias, no resuelven las desigualdades estructurales.
"La política fiscal debe ser una herramienta para cerrar brechas de desigualdad, pero actualmente perpetúa las disparidades", declaró la RPFF en un comunicado.
México es uno de los países con menor recaudación fiscal de la OCDE y enfrenta una asignación de recursos que no prioriza los derechos de las mujeres ni las necesidades de los sectores más vulnerables.
Propuestas para un enfoque fiscal feminista
Para revertir estas tendencias, la RPFF y otras organizaciones presentaron un plan que incluye:
Reconocimiento del impacto diferenciado: Integrar una metodología que evalúe cómo las políticas fiscales afectan a diversos grupos sociales.
Revisión del Anexo 13: Garantizar claridad y transparencia en la asignación de recursos etiquetados para género.
Financiamiento progresivo para cuidados: Asegurar recursos adecuados para políticas que redistribuyan la carga del trabajo doméstico.
Recolección de datos desagregados: Incorporar una perspectiva interseccional para medir desigualdades y diseñar soluciones efectivas.
El llamado al gobierno
La RPFF y colectivos como Aliadas por la Igualdad, la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana y la Red Nacional de Refugios exigen una transformación fiscal que coloque los derechos humanos, la igualdad sustantiva y la justicia social en el centro de las decisiones presupuestarias.
La política fiscal debe ser un instrumento de transformación social, no una herramienta que perpetúe desigualdades
El presupuesto público debería reflejar un compromiso con la justicia social y la igualdad. Sin embargo, el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2025 prioriza proyectos de infraestructura sobre políticas de género y cuidados, dejando a mujeres, niñas y sectores vulnerables en una situación de desprotección.
Organizaciones firmantes: Aliadas por la Igualdad y la No Violencia; Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta A.C.; Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C.; Fundar, Centro de Análisis e Investigación, entre otras.
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