El escándalo por la destitución de Santiago Nieto Castillo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) destapó la crisis en el sistema de procuración de justicia mexicano.
La politización en el Senado de la designación de procuradores o fiscales y por otro la escalda de delitos son los síntomas claros de que el país pasa por una severa crisis, misma que, según especialistas, pone al país en un panorama complicado.
“La política en México ha contaminado la procuración de justicia, y esto ha detonado incertidumbre, inestabilidad, y algo histórico: crisis en la procuración de justicia”, aseguró Julio Jiménez, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle.
El caso de Santiago Castillo no es el único. La salida de Raúl Cervantes de la Procuraduría General de la República (PGR), la incertidumbre sobre qué va a pasar con el nombramiento del Fiscal General y la falta de designación del Fiscal Anticorrupción son la punta del iceberg de una crisis política e institucional en la procuración de justicia.
Fepade DESNUDA EL VACÍO
La crisis en las procuradurías escaló en las últimas semanas. La mañana del 16 de octubre, de manera sorpresiva, Raúl Cervantes presentó su renuncia a la PGR. El exsenador priísta informó que su salida de la Procuraduría obedecía para facilitar el proceso de la designación del Fiscal General, luego de que sectores de la sociedad civil lo denunciaron de ser una imposición del Gobierno para garantizar impunidad por posibles delitos en la presente
administración.
Si la salida de Cervantes buscaba quitar presión en el tema de procuración de justicia, falló. Cuatro días después estalló la bomba.
Mediante un comunicado que la oposición en el Congreso calificó de escueto y falto de argumentos, el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, anunció la destitución de Santiago Nieto al frente de la Fepade.
El argumento fue que el exfiscal violó el código de ética al hacer pública información sobre el estado de la investigación de los presuntos sobornos que recibió Emilio Lozoya de la empresa brasileña Odebrecht.
“Que Santiago Nieto haya sido destituido de este modo levanta muchas sospechas. El propio Santiago Nieto denunció presiones de Emilio Lozoya para que lo exonerara de las acusaciones, entonces estamos hablando de un severo problema”, aseveró Juan José Rodríguez, investigador del Observatorio Nacional Ciudadano.
Rodríguez no es el único en ser suspicaz sobre la salida de Nieto Castillo de la Fepade. Los partidos de oposición PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Morena acusan que este fue un movimiento para asegurar impunidad no solo de Lozoya, sino del actual presidente Enrique Peña Nieto quien presuntamente habría recibido dinero de Odebrecht durante su campaña de 2012.
Y LA INSEGURIDAD, EN AUMENTO
Mientras la clase política del país no llega a los acuerdos necesarios, la inseguridad ha crecido.
A ocho años de la aprobación del Sistema Penal Acusatorio su implementación va retrasada: el Fiscal Anticorrupción está atorado en el Senado y la Fiscalía General sigue sin existir. Para los especialistas, estos retrasos han generado que la crisis en la procuración de justicia trascienda a ámbito político para impactar en la vida cotidiana.
“La crisis de inseguridad que se vive actualmente en nuestro país, en lo que va de 2017 jamás habíamos tenido tanta incidencia de homicidios dolosos o robos a negocios, esto desde que tenemos estadísticas oficiales en 1997”, recordó Juan José Rodríguez.
Según la asociación civil Semáforo Delictivo, en los primeros nueve meses del año el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad registró 18 mil 505 homicidios dolosos, un aumentó de 23% respecto al mismo periodo del año pasado. La cifra es la más alta en las últimas dos décadas.
Por su parte, Julio Jiménez advirtió que el panorama puede empeorar, ya que la implementación del nuevo Sistema de Justicia Acusatorio va muy mal, además de que se requiere reformar la ley para aumentar las penas como la portación ilegal de armas que actualmente es considerado un delito no grave, permitiendo a los presuntos delincuentes eludir la prisión
preventiva.
Pero el mayor problema está en la misma PGR. Antes de renunciar, Raúl Cervantes entregó al Senado de la República un diagnóstico de la Procuraduría, y las conclusiones son
contundentes:
“La arquitectura institucional de la PGR no es la idónea para soportar cabalmente los procesos que exige el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, como lo mandatan, en esencia, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Tampoco para evitar que las prácticas deficientes que se desarrollaban en el sistema inquisitivo mixto se hereden”, dice las conclusiones del informe en manos del Senado.
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