En una escala de cero a 10, las cárceles municipales obtuvieroncalificación promedio nacional de 3.90, en las que sobresalen porsus deficiencias las de Nayarit, con 1.40; Hidalgo, 2.78; Jalisco,3.57; Tabasco, 3.94; Chiapas, 4.12; Puebla, 5.24, y Quintana Roo,5.69, según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria2016.
El documento, elaborado por la Comisión Nacional de losDerechos Humanos (CNDH) reveló que los Centros de ReadaptaciónSocial (Ceresos) obtuvieron 6.27 de calificación; los CentrosFederales de Readaptación Social (Ceferesos), 7.21, en tanto quelas prisiones militares fueron las mejor evaluadas con 7.95.
Durante la presentación del diagnóstico se informó que loscentros municipales de reclusión con menor promedio son lasdistritales de Zimapán y Zacualtipán, Hidalgo, así como elReclusorio Preventivo Municipal de Cihuatlán, Jalisco.
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Sin embargo, las cárceles municipales de Acaponeta, Rosa Moraday San Blas, Nayarit, tienen una calificación inferior a un puntodentro de la escala en cuestión, que mide las condiciones mínimasque deben existir en un penal para garantizar una estancia digna ysegura, capaz de lograr la reinserción social de los internos.
Al respecto, la tercera visitadora, Ruth Villanueva Castilleja,indicó que el respeto a los derechos humanos es una asignaturapendiente en las instituciones del país.
Explicó que el diagnóstico contiene consideracionescualitativas y cuantitativas, “visibiliza las condiciones dereclusión, las necesidades existentes en los centrospenitenciarios y las posibilidades de fortalecer un sistema por losderechos humanos”.
El diagnóstico se hizo sobre una muestra de 131 centrospenitenciarios estatales, 42 cárceles municipales, 19 centrosfederales y tres prisiones militares, de un total de 392centros.
Abarcó una población de 211 mil 982 personas internas, queconforman 87.73 por ciento de la población total recluida alinicio de 2016.
Además, se adicionó la evaluación de 42 centros que dependende autoridades municipales, así como información relativa a lapoblación de mujeres por centro, efectuando la supervisiónespecífica de los centros femeniles del país en funcionamiento almomento de la visita, abarcando 86.16 por ciento de la poblacióntotal femenil.
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— CNDH en México (@CNDH) 8 de junio de2017
En cuanto a riñas al interior de centros penitenciarios, seinformó que en el año en cuestión se registraron 979, esto es,en promedio, 2.6 diarias, siendo Sonora el estado que reportómás, con 195; Nuevo León, 78; Chihuahua, 61; Querétaro, 56, yTlaxcala, 54.
Villanueva Castilleja expuso que entre las deficienciasencontradas en los centros municipales figuran insuficientesactividades laborales y de capacitación para el trabajo y falta deseparación entre procesados y sentenciados.
Además, continúa la carencia de reglamentos y manuales, escasao nula difusión de la normatividad, falta de áreas médicas,medicamentos y profesionales de la medicina, inexistencia oinsuficiencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento deesos centros, así como de acciones preventivas para atenderincidentes violentos.
La CNDH comprobó también la persistencia de sobrepoblación,hacinamiento, autogobierno/cogobierno, falta de prevención yatención de incidentes violentos en centros estatales, así comoanomalías en la separación entre procesados y sentenciados.
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Otras irregularidades encontradas son condiciones materiales,equipamiento e higiene en áreas de dormitorios, sancionados,sujetos a protección, cocina y comedores, y la falta de personalde seguridad y custodia.
En cuanto a los centros federales, se constató la falta alderecho a la protección de la salud, debido a la ausencia depersonal médico, medicamento, escasa atención y cuidados apersonas adultas mayores, así como carencias de programaspreventivos de adicciones y desintoxicación voluntaria.
Mientas que en las prisiones militares, la situación másrecurrente que se detectó es la falta de actividades laborales yde capacitación para el trabajo.
Se informó que para la elaboración del diagnóstico, la CNDHtomó como base la normatividad nacional e internacional en lamateria, que establece la obligación de las autoridades derespetar, proteger y garantizar los derechos humanos de laspersonas privadas de la libertad.
Entre los objetivos del diagnóstico está orientar laspolíticas públicas tendientes a garantizar el respeto de losderechos humanos de los internos, por lo cual se estructura parareflejar las condiciones por la que transitan las cárceles delpaís.
Ello, a través de un análisis cualitativo y un punto de vistacuantitativo, que identifique deficiencias y logros, los cualessirvan de parámetros para establecer procesos de mejora en lasinstituciones de reclusión. /dec
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