“Cuando yo veo aquí en la cárcel que llegan muchas compañeras con sus parejas, las sentencias no son iguales. Los hombres porque son hombres les dan 20 años y a la mujer porque es mujer le dan 50. Y luego resulta que a ellos les ponen más atención, tienen más derechos, más beneficios y nosotras, por muchas generaciones, fuimos olvidadas”.
María del Carmen Alvarado dice estas palabras con conocimiento de causa, pues ya lleva 16 años internada en un centro de reinserción femenil en el Estado de Jalisco. Ser testigo de cómo funcionarios en toda la cadena de procuración e impartición de justicia violentan y castigan más severamente a las mujeres que cometieron un delito que a sus contrapartes masculinas, la motivó a estudiar Derecho dentro de prisión; “a decir ‘ya no más’, yo quiero ayudar a mis compañeras”.
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Lo que esta mujer de 54 años ha vivido por experiencia no es exclusivo de un centro de reinserción o de una entidad en el país. De acuerdo con un estudio de la organización México Evalúa, la prisión preventiva es una medida que se impone a tres de cada 10 hombres (30 por ciento) pero a una de cada dos mujeres (50 por ciento) en todo el país.
Al momento de la detención, más hombres que mujeres contaron con un defensor o tuvieron la oportunidad de conocer por boca del juez de qué se les acusaba, indica el mismo informe.
Y en el caso de las sentencias, a 37 por ciento de las mujeres encontradas culpables de un delito se les condenó a más de 20 años de cárcel, en tanto que a la mitad de los hombres se les aplicó una pena de menor a diez años.
“Muchísimas mujeres son castigadas con más dureza que los hombres”, dice Sara Lovera, periodista feminista.
El problema incluso va más allá de México. Gabriela Ramírez, integrante del Centro de Información de la ONU en México, explica que a través de los años el organismo internacional ha identificado, en primer lugar, que las mujeres “no tenemos el mismo acceso a la justicia que los varones en muchos países”.
Un segundo elemento “es la desproporcionada victimización a partir del abuso sexual o físico, o de las agresiones antes del encarcelamiento”.
La especialista agrega que en América Latina creció la población penitenciaria femenil 40.8 por ciento en los últimos años, por delitos que generalmente tienen que ver con posesión de drogas o por abortar.
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“Muchas mujeres no tendrían por qué estar en prisión, la mayor parte está acusada de delitos menores, no violentos, no representan un riesgo para la población… El endurecimiento de las políticas de justicia penal es lo que está causando que cada vez más mujeres estén en prisión”, considera Ramírez.
Lovera coincide en que muchas mujeres son aprehendidas por consumir y transportar droga, y agrega que “son mayoritariamente campesinas o indígenas”.
Las especialistas atribuyen esta saña a la opacidad del Poder Judicial, pero también a que sus integrantes están repletos de estereotipos y prejuicios de género.
En el diagnóstico coincide Eréndira Yadira Cruz, integrante del proyecto de la UNAM “Mujeres en espiral”, un grupo que investiga sobre el sistema penitenciario y trabaja proyectos culturales con internas del penal femenil de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México. Explica que los estereotipos de género que permean en la sociedad también operan de manera subjetiva en jueces y magistrados.
“Los operadores y las operadoras de justicia juzgan doblemente a las mujeres según estereotipos de género… Aquella mujer que no sea una buena madre, abnegada, con funciones de superheroína, que está atenta a todo, que lo puede todo y que no se cansa, si no cumple con ello falla a su rol de género, falla a su rol como buena madre y buena mujer”.
Comparte el caso de Artemia, mujer que fue condenada “por ser mala madre” ya que no pudo detener el homicidio de su hijo recién nacido por parte de su pareja. “La madre fue juzgada por comisión por omisión en razón de parentesco, y aquí acentúo lo de comisión por omisión, (es decir) hacer algo por no hacerlo, como si ella pudiera haber previsto lo que iba a suceder mientras no se encontraba en casa”.
Sobre este fenómeno, María del Carmen Alvarado ironiza: “Bendito sea Dios que en México no existe la pena de muerte, si no, yo creo que ya hubieran acabado con las mujeres”.
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DIFÍCIL REINSERCIÓN
El pasado 27 de enero, la Organización Editorial Mexicana llevó a cabo su décimo sexta sesión del Consejo de Género, presidida por su directora general editorial, Martha Ramos Sosa. En la reunión se analizó qué es lo que sucede con las mujeres en reclusión.
Además de los problemas identificados al momento de la detención, el juicio, la sentencia y el encarcelamiento, las ponentes coincidieron en que la reinserción también representa un reto.
Gabriela Ramírez explica que las mujeres que salen de la cárcel afrontan la discriminación incluso de sus propias familias, no cuentan con una red de apoyo, muchas pierden sus derechos sobre sus hijos y se enfrentan a múltiples trabas para conseguir un empleo.
Hace cuatro años María del Carmen intentó que un juzgado le concediera la oportunidad de salir libre, pero se lo denegaron, ratificando su sentencia de más de 28 años.
Sin embargo, con la llegada de una nueva administración al sistema penitenciario de Jalisco, encabezada por José Antonio Pérez Suárez, las cosas cambiaron para bien. María del Carmen señala que las mujeres del centro de reinserción pasaron a ser vistas como seres humanos.
Karina de la Cruz Murillo, directora técnica de la Comisaría de Reinserción Femenil del Estado de Jalisco, detalló en la sesión todos los cambios instaurados desde la llegada de la actual administración. El resultado: del 6 de diciembre de 2018 a diciembre de 2021 han liberado a 740 mujeres y ninguna ha vuelto a reincidir.
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