Corrupción empaña la actual administración federal

El gobierno de Enrique Peña Nieto inició con la sombra de corrupción del viejo PRI, por lo de inmediato el titular del Ejecutivo incluyó una reforma en la agenda del Pacto por México para fortalecer de manera institucional la lucha contra la corrupción a través de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Su promesa se cumplió, y el 27 de mayo de 2015 se promulgó la reforma constitucional que creó el SNA, y un año después las leyes secundarias donde se incluía la figura del Fiscal Anticorrupción.

Entre 2013 y 2015, los tres años de este sexenio que lleva fiscalizados la Auditoría Superior de la Federación, se detectaron irregularidades por 158 mil 617 millones de pesos del presupuesto federal, es decir, que las autoridades responsables no pudieron acreditar en dónde quedó ese dinero.

Aunque en ese mismo periodo, la ASF pudo recuperar 13 mil 355 millones de pesos, lo que equivale a 8.4% del monto señalado, durante la primera parte del sexenio, aun quedan por aclarar 145 mil 262 millones de pesos.

Esos números también se ven reflejados en la percepción de la corrupción que hay en nuestro país. Según el Índice de Percepción de la Corrupción en el sector público, elaborado por Transparencia Internacional 2016 (el más reciente), México ocupa el lugar 123 de 176 países, siendo que el 1 es el más honesto y el 176 el más corrupto.

Destaca que en su edición 2015, nuestro país ocupó el peldaño 95, por lo que en tan solo un año bajó 26 lugares.

“Hay avances, pero éstos no fueron por voluntad política del presidente, sino por presión de la sociedad civil. Decir que el presidente Peña Nieto encabeza la lucha contra la corrupción es ser inexactos, porque lo que vemos es que cuando puede, pone obstáculos”, dijo Justine Dupuy, coordinadora del programa de rendición de cuentas y combate a la corrupción de Fundar.

La académica puso como ejemplo que aún no hay consecuencias por el accidente en donde murieron dos personas asfixiadas luego de caer en un socavón en la vialidad Paso Express, en Cuernavaca.

Sin embargo, el tema sigue presente en la agenda diaria. A lo largo de estos casi cinco años de gestión, los escándalos por presunta corrupción de varios miembros de su gabinete o de él mismo han levantado críticas contra el mandatario.

En agosto de 2014, durante una entrevista, aseguró que la corrupción en México es de origen cultural; eso fue un par de meses antes de que saliera a la luz el escándalo de la Casa Blanca, donde se acusó a la primera dama, Angélica Rivera, de obtener un crédito a tasa por debajo del mercado de la empresa Higa, para la compra de su casa.

Ese caso fue resaltado en julio de 2016, cuando el presidente Peña Nieto publicó las leyes secundarias del SNA, pues en ese evento pidió disculpas por esto. La Secretaría de la Función Pública lo absolvió a  él y a su esposa de cualquier responsabilidad administrativa o penal.

Pero los escándalos más grandes tienen que ver con los exgobernadores priistas. Alguna vez señalados por el mismo Peña Nieto como las caras del nuevo PRI, personajes como Javier Duarte, Roberto Borge o César Duarte son señalados por desvíos multimillonarios de las arcas de sus estados. Los dos primeros ya están detenidos, Duarte en el reclusorio norte y Roberto Borge en Panamá en espera de la deportación, mientras que hay una orden de aprehensión contra César Duarte.

El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez recuerda que sus presuntos actos de corruptela se llevaron a cabo en redes sofisticadas, por lo que ahora es tarea del SNA no solo castigarlos a ellos, sino a quienes los ayudaron en esos presuntos delitos.

“Un Sistema Anticorrupción efectivo no solo sanciona a personajes prominentes o a las cabezas visibles, sino que desmantela redes de corrupción. Desmantelar una red es identificar, investigar y sancionar a todos los implicados pero también corregir las deficiencias políticas e institucionales que dieron lugar al problema”, dijo el director de Transparencia Mexicana.

Para Justine Dupuy, para la sociedad estos cinco años deben de dejar la enseñanza de que la corrupción va mucho más allá que a una afectación económica.

El desvío de recursos o de servicios como la salud o la obra pública puede terminar matando a las personas, algo que de alguna manera ya quedó claro en casos como el socavón del Paso Express o en los hospitales de Veracruz.

“Cada vez hay más entendimiento de cómo afecta la corrupción, los conflictos de interés, los sobornos para asegurar contratos, cómo afecta los derechos humanos. Un ejemplo es (Javier) Duarte, de cómo no llegó el dinero a hospitales públicos, como ese dinero que no llega a los servicios públicos al final afecta a derechos tan fundamentales como el de la salud”, finalizó.

María Amparo Casar, experta en el tema de la corrupción y una de las académicas que ha cuantificado este flagelo, opinó que hoy la población tiene muy baja confianza en las instituciones.

“¿Qué se puede hacer, qué hicimos?: formamos un Sistema Nacional Anticorrupción y digo formamos, porque la sociedad civil ayudó en esto. Creo que al final tendremos que esperar a ver qué pasa con él”, dijo durante la plenaria del PRD.

Ahí expuso que el SNA tiene tres problemas de muy difícil resolución. El primero es que el 64% de la población no cree en el Sistema Nacional Anticorrupción.

“Yo lo pondría de esta manera: cuando se entrega en caso que sea un puesto de designación, o cuando se gana un cargo público, con él se entrega también un llavero. Ese llavero, mientras más número de llaves tenga, y mientras más grandes sean las puertas que abre ese llavero, más es la corrupción”.