Como un tesoro, el niño de diez años llevó por varios días en la bolsa de su pantalón el pequeño trozo de metal que encontró en un campo cerca de su casa en la Ciudad de México. El pedazo de una fuente de radiografía industrial terminó en la esquina de la cocina hasta que él enfermó. Para el verano de ese 1962, él, su hermana, su mamá y la abuela habían muerto en lo que se clasificó como el primer accidente radiactivo civil después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki.
De ello el Gobierno mexicano no reveló detalles y lo poco que se supo se conoció hasta 20 años después, cuando ocurrió en Chihuahua la mayor catástrofe radiactiva mundial, antes de Chernóbil. O como se le ha bautizado, el “Chernóbil mexicano”.
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En ambos eventos prevalecieron las acciones de las autoridades mexicanas para obstaculizar las investigaciones, minimizar el impacto en las víctimas, pero también la ignorancia en el manejo de desechos radiactivos, la corrupción y la falta de sentido común, incluso hasta el “engaño” a los enviados internacionales, revela el informe desclasificado del gobierno de Estados Unidos.
Cuatro décadas después, los documentos del repositorio DOE-Forrestal, bajo el nombre de Colección Markey Files, en poder de El Sol de México, revelan el que es considerado el primer accidente radiactivo en el mundo en 1962, motivo de referencia histórica de los especialistas.
El informe muestra que aquel antecedente hizo actuar con preocupación a las autoridades estadounidenses cuando en enero de 1984, dos décadas después, se prendieron las alertas sobre un nuevo accidente que afectó a miles de personas en casi la mitad del territorio mexicano. En ese segundo evento, la desinformación y la falta de control de desechos hicieron que un hombre vendiera como chatarra una pieza contaminada de Cobalto 60 y se regara como pólvora en 17 entidades del país y en Estados Unidos en forma de mesas, bancas, cajas de camionetas y varillas.
El informe estadounidense que describe lo que sucedió en 1984 dedica como introducción cinco cuartillas a relatar el accidente de 1962. La falta de regulación para desechos en aquella época hizo que un trozo de la fuente radiactiva terminara almacenado, de marzo a julio, en la casa de esa familia, hasta que se “encontró” al responsable del contaminante, sin que se brinden mayores datos.
El niño de diez años murió por daño en la médula ósea y necrosis en las regiones abdominal y escrotal. En mayo, su hermana de tres años falleció por infección respiratoria, anemia, leucopenia y trombocitopenia.
A mediados de julio, la mamá, de 27 años y que estaba embarazada, falleció a consecuencia de hemorragias severas. Mientras que la abuela, quien acudió a visitar a la familia para cuidar al niño, enfermó de anemia hipoplásica y a pesar de ser trasladada al Centro Médico Nacional, también perdió la vida en octubre de ese año.
Los informes que México entregó fueron “confidenciales” y la discusión del impacto de la radiación en seres humanos, que para entonces era teórica, “se vio seriamente restringida”, escribió el 29 de julio de 1963 Karl Z. Morgan, director de la División de Salud Física del Laboratorio Nacional Oak Ridge, respaldado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos.
El documento dirigido al entonces titular de Medicina y Biología de la Comisión de Energía Atómica, Charles Dunham, señala que a pesar de que las autoridades mexicanas presentaron un Primer Informe sobre un Incidente Radiactivo, a través de la entonces Comisión Nacional de Energía Nuclear de México en noviembre de 1962, lo que se observa es “poca información”.
Incluso advierte que un estudio cuidadoso de las exposiciones que sufrieron los cuatro integrantes de la familia que fallecieron –y del papá que tuvo poca exposición debido a que se ausentaba de la casa por trabajo– se hubiera podido “usar en la planificación de programas de defensa civil”, en un momento en el que la Guerra Fría entre Oriente y Occidente era el punto central de la política internacional.
El mismo documento señala que “una de las características más preocupantes del accidente mexicano fue que sólo después de la muerte de los cuatro familiares fue que se reconoció que la radiación pudo haber sido la causa del deceso”.
En ese momento, el mayor interés de los científicos, detallado en el oficio de Morgan, era conocer “las aberraciones cromosómicas”, dado que era la primera “oportunidad de comparar los resultados de una exposición prolongada con la información ahora disponible sobre los resultados de una exposición de un solo disparo”.
La comparación de los resultados médicos de los cuatro fallecidos era prioritaria para “estimar las consecuencias de la lluvia radiactiva y el daño que podríamos esperar los humanos en caso de un ataque nuclear”.
El problema es que en el informe presentado entonces por el Gobierno mexicano hubo “poca información” de tipo médica sobre las cuatro víctimas mortales.
Los genetistas “han sido engañados al creer que las dosis de radiación de las víctimas ya se conocen, lo cual no es cierto. Tampoco se dan cuenta de que, sin información sobre la dosis, sus pruebas genéticas no tendrán sentido”, agrega el documento.
Se estimó que mientras el niño, la hermana, la mamá y la abuela recibieron entre tres mil y cuatro mil 700 rads (unidades de dosis de radiación ionizante absorbidas), el papá sólo fue expuesto a mil 200. Sobrevivió al evento, fue sometido a estudios y seguimiento médico, pero se desconoce qué consecuencias tuvo en el largo plazo.
A manera de referencia, de forma regular una radiografía al tórax de una persona produce de 20 a 30 milirads de manera instantánea.
El informe –que estuvo bajo resguardo en tres cajas y recientemente fue liberado por el Gobierno estadounidense– contiene no sólo los detalles pormenorizados de ese primer accidente registrado en el mundo, sino que de forma extensa aborda el segundo incidente con Cobalto 60, el de 1984, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
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