En Juchitán de Zaragoza hay 18 mil 400 damnificados por los sismos de septiembre pasado, pero solo 14 mil 500 se encuentran reconocidos por las autoridades estatales y federales, indicó la presidenta municipal, Gloria Sánchez López, quien dijo que su municipio fue el más afectado por los movimientos telúricos.
La edil destacó de los censados, la mitad son damnificados con pérdida parcial en su vivienda, y el resto con pérdida total. Sin embargo existen personas que no entraron en los censos y para ello están pidiendo una segunda revisión.
A más de cuatro meses de los sismos que afectaron a la región del Istmo de Tehuantepec, autoridades municipales de Juchitán de Zaragoza acusaron la falta de apoyo y el ausentismo de las instancias estatales y federales, por lo que exigieron una audiencia inmediata con el gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa.
Gloria López Sánchez señaló que el ayuntamiento juchiteco no ha recibido un solo peso del estado o de la federación, y desconoce el destino de los recursos económicos donados por la comunidad artística y la sociedad civil, pues el apoyo que ha brindado a las familias damnificadas ha surgido de recursos propios del municipio.
Acompañada del agente de Santa María del Mar, destacó que esas tres mil personas que fueron censadas por el municipio también necesitan la ayuda institucional.
La presidenta destacó que requieren el retiro de escombros de viviendas, reparación y construcción de las casas que sufrieron daños, además de apoyo para el hospital general, la reconstrucción de escuelas, entre otros.
Indicó que busca el apoyo del gobierno del estado, y por ello hizo presencia en palacio de gobierno, con el objetivo de que la administración de Alejandro Murat Hinojosa la reciba para poder regresar a su comunidad y dar respuesta a sus habitantes.
Asimismo dijo que entregaría un pliego de demandas al mandatario en el que solicita que en el nuevo censo se incluya a los afectados de los sismos del 23 de septiembre y no solo a los del 7 como se ha hecho.
Además indicó que pide la construcción de un hospital general, así como de especialidades, este último como parte de los acuerdos contraídos con el estado mexicano, a raíz de la consulta indígena realizada en 2015.
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