La Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) emitió una declaratoria formal de suspensión de actividades en diversos órganos jurisdiccionales, a excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Esta medida, apunta la Asociación, abarca plenos regionales, tribunales colegiados de circuito y de apelación, juzgados de distrito, tribunales laborales federales, entre otros.
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La suspensión de actividades comenzará a las cero horas del miércoles 21 de agosto de 2024, y se mantendrá vigente hasta que los legisladores de la Cámara de Diputados detengan el actual proceso de reforma judicial, “dadas sus tantas imperfecciones”, señala la JUFED.
Igualmente, los impartidores de justicia exigen la instalación inmediata de una mesa de diálogo con los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión, para tener acuerdos respecto a la reforma judicial.
La JUFED informó que durante este periodo de paro de labores, el personal de los tribunales y juzgados dejará de tramitar todos los asuntos jurisdiccionales, no realizará audiencias, diligencias ni actos procesales, y no responderá a ninguna demanda, promoción, oficio o escrito.
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Ello, a excepción de ciertos casos considerados de especial relevancia, los cuales deberán atenderse de manera urgente y utilizando, en la medida de lo posible, el teletrabajo.
Entre los casos urgentes se incluyen: en los Centros de Justicia Penal Federal, la calificación de detenciones y vinculaciones a proceso; en los Juzgados de Distrito, la tramitación de asuntos que impliquen peligro a la vida o integridad de las personas; y en los Tribunales Laborales Federales, los procedimientos relacionados con huelgas. Esto mismo fue estipulado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal mediante una circular.
La JUFED, a través de su directora nacional Juana Fuentes Velázquez, consideró que existió una falta de voluntad por parte de la actual legislatura para atender las críticas de la sociedad civil y de la judicatura sobre la reforma judicial propuesta el 5 de febrero de 2024 por el Presidente de la República.
Según la JUFED, esta iniciativa es "contraria en grado extremo a los principios que rigen una república democrática, representativa y federal, tales como la división de poderes y la tutela judicial efectiva de la ciudadanía, y especialmente el de independencia judicial."
Asimismo, JUFED se reconoce como mandataria de la voluntad mayoritaria de magistrados, jueces, secretarios y otros servidores públicos del Poder Judicial que votaron a favor de la suspensión el 19 de agosto de 2024.
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Finalmente, jueces y magistrados convocaron a una mesa de diálogo con los grupos parlamentarios del Congreso, liderada por la Directora Nacional de la JUFED, la jueza de distrito Juana Fuentes Velázquez, para discutir y acordar los pasos a seguir en defensa de la independencia judicial.
“La iniciativa mencionada es contraria en grado extremo a los principios que rigen una república democrática, representativa y federal, tales como la división de poderes y la tutela judicial efectiva de la ciudadanía, y especialmente el de independencia judicial”, señaló la JUFED.
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