En 2016, María Elena Ferral denunció penalmente a Basilio Picazo, entonces candidato a la diputación local por Papantla, a propuesta de la Confederación Nacional Campesina (CNC), entonces una agrupación muy poderosa en Veracruz. La periodista lo señaló de sostener frente a reporteros que a ella “le quedaban pocos días de vida” y eso empañaba su campaña.
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Así que funcionarios del gobierno de Duarte presionaron por teléfono a la periodista para que desistiera de sus acusaciones, relató su hija Fernanda Ferral; aunque ella dejó de hacerlo públicamente, no retiró su querella. Basilio, no obstante, ganó en las urnas.
Picazo coincidió y mantuvo amistad con la hoy fiscal Marcela Aguilera, quien fungió durante años como secretaria de la CNC de Veracruz, cargo ubicado sólo por debajo del entonces presidente, Juan Carlos Molina, asesinado en 2019. Aguilera fue también diputada por Cosamaloapan, una región del sur de Veracruz, entre 2014 y 2016, y al igual que Picazo, su candidatura fue propuesta por la CNC.
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El 16 de marzo de 2016, en el último año como legisladora, Aguilera acompañó a Basilio a inscribirse por la diputación de Papantla. Ambos fueron retratados en las instalaciones del PRI estatal, en Xalapa. Ella vestía una camisa roja y levantaba el pulgar en señal de victoria, mientras Basilio la sujetaba del hombro. A ese evento también asistió la esposa de Picazo, Dolores Gutiérrez.
Cuatro años después, Aguilera fue designada fiscal de investigaciones ministeriales por la Fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, quien ha reconocido públicamente su amistad con ella. Aguilera es la responsable directa de investigar y capturar a Picazo por el crimen contra Ferral. Alianza de medios Mx solicitó una entrevista con la funcionaria para que aclarara su cercanía con Picazo, pero no hubo respuesta.
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EL CANJE DE CAMISETAS
Después de una hegemonía de 70 años del PRI en Veracruz, en 2016 llegó el PAN al poder con el triunfo del expriista, Miguel Ángel Yunes Linares. Bastaron unos meses para que Picazo renunciara al grupo parlamentario del PRI y se adhirió al PAN, pero, no obstante, mantuvo su estrecha relación con el priismo, prueba de ello fue que consiguió una nueva candidatura por la alcaldía de Coyutla, que quedó en manos de su sobrino, Antonio Picazo Gutiérrez, quien ganó.
Dos años después, en 2018, otro integrante de esa familia buscó un nuevo cargo: Benito Picazo -padre del exalcalde de Coyutla entre 2018 y 2021-. Benito compartió fórmula para la diputación plurinominal federal por Papantla, como suplente de Marcos Romero. Sin embargo, los bajos números del PRD no permitieron que esa dupla alcanzara una curul.
La historia de Marcos Romero es similar a la de sus aliados del Totonacapan. En 2018 impulsó la campaña de su sobrino, Mariano Romero, quien obtuvo el triunfo por la coalición PAN-PRD.
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Dos episodios muy importantes, que dibujan la posible relación entre política y crimen, ocurrieron en 2016. Durante el gobierno de Marcos Romero, el 19 de marzo tres jóvenes fueron privados de la libertad por policías de Papantla y entregados a Los Zetas. Las víctimas fueron: Luis Humberto Morales, Alberto Uriel Pérez y Jesús Alan Ticante, de 18, 19 y 24 años, respectivamente. Fueron detenidos ocho policías y el gobierno de Papantla debió ofrecer una disculpa pública aceptando la responsabilidad de sus elementos.
Con base en la averiguación previa, los jóvenes fueron asesinados por Mario Ángeles Sosa, alias “El Bolas”, presunto jefe de Los Zetas en Papantla, y por otro hombre apodado “Paco El Lavador’”, ambos fallecidos en un aparente enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP), el 9 de abril de 2017.
Sin embargo, Mario Ángeles Sosa fue beneficiado en 2016 por Marcos Romero con la enajenación de dos terrenos de 120 metros cuadrados, uno a favor de él y el otro de su hermano, Timoteo Ángeles Sosa. A petición del cabildo de Papantla, “El Bolas” pagó 3 mil 960 pesos por el predio ubicado en la colonia Unidad y Trabajo.
“El Bolas”, Timoteo y el padre de ambos, Gabino Ángeles García, prestaron sus servicios en la policía de Papantla.
El segundo de estos episodios se dio cuando Marcos Romero figuró en un video difundido en redes el 4 de octubre de 2017, en el que presuntos integrantes de Los Zetas advirtieron que regresaban a Papantla para tomar el control, y lo señalaron de haber tenido “línea de trabajo” con “El 512”.
“Nosotros limpiaremos el mugrero. No habrá tolerancia (…) Manténganse pendiente a la línea de teléfono que nos proporcionó, a la brevedad nos comunicaremos con usted. Me despido recordándole que Papantla es territorio Zeta”, se dirigió al entonces edil, un sujeto apodado “Comandante Sierra”.
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Alianza de Medios Mx buscó una postura de Marcos Romero sobre la enajenación de los terrenos en favor de los hermanos Ángeles Sosa y los señalamientos de presuntos integrantes de la delincuencia organizada, pero no hubo respuesta.
Esto no pasó desapercibido por el nuevo gobierno panista. La familia Romero fue investigada por presuntos nexos con la delincuencia en la administración de Miguel Ángel Yunes. Por ejemplo, documentos de la SSP ubicaron a Ricardo Romero, hermano de Marcos, como prestanombre de Crisanto García, quien fue subjefe de Logística del Estado Mayor Presidencial en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Crisanto García fue denunciado ante la extinta PGR, por recibir un soborno de la empresa Bizjet International Sales and Support, por 2 mil millones de pesos, para así ganar contratos en México y Panamá entre 2004 y 2010. En diciembre de 2014, el entonces diputado federal Ricardo Monreal solicitó la separación de García de su cargo, mediante la presentación de un punto de acuerdo y advirtió sobre un lazo familiar con los Romero:
“La influencia del general Crisanto García ha permitido que familiares suyos se encumbren en otros cargos, incluso de elección popular. Se sabe que su familiar Marcos Romero conquistó la presidencia municipal de Papantla, mediante la presión a diversos grupos, a quienes les sugerían votar por él, ya que contaba con el respaldo del Ejército”.
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Con estos antecedentes de Marcos Romero, Rómulo Salazar y Basilio Picazo, Elena Ferral advirtió que sus ambiciones políticas no se detendrían y para 2021 planeaban extender su poder, escribió en su columna. No se equivocó. Y es que, en esa elección, en Veracruz se renovaron 212 alcaldías, 30 diputaciones locales y 30 federales.
CONSOLIDACIÓN DEL PODER
Esta vez el Grupo Totonacapan no sólo pelearía por Papantla, sino que se extendería desde la costa hasta la sierra Totonaca. En Papantla, expuso Ferral en sus columnas, Basilio Picazo apoyaría la candidatura de Octavio Tremari Gaya, quien incluiría en su planilla como síndica a su esposa, María Dolores Gutiérrez. En Tecolutla, Marcos Romero realizaba eventos políticos, debido a que buscaría la candidatura por la alcaldía, relató la periodista.
Pero había un municipio donde el Grupo Totonacapan no poseía el dominio absoluto: Gutiérrez Zamora. Allí, la lucha por el poder mutó en una pugna sanguinaria que vivió sus peores momentos durante 52 días. Entre enero y mayo de 2020 sólo ocurrieron tres asesinatos en este poblado de 25 mil habitantes. Las tres víctimas eran políticos o líderes regionales que hicieron públicas sus aspiraciones por la alcaldía de Gutiérrez Zamora o que respaldarían algún proyecto político opuesto al del Totonacapan, con todo el peso de sus agremiados.
En ese municipio el contrapeso del Grupo Totonacapan era visible y liderado por el exalcalde Wilman Monje, junto a él se hizo ver Elena Ferral en mítines y sostuvo convenios publicitarios para destacar las acciones de su gobierno (2018-2021).
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Este grupo también tenía un contrapeso en el resto de la región Totonaca, integrado por políticos de Morena y el Partido Verde Ecologista. Este contrapeso era liderado por el exdiputado local morenista de Papantla, Eric Domínguez Vázquez, cercano al actual secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos. El diputado suplente de Domínguez era Daniel Pérez Pacheco, quien lideró la organización llamada “Hermandad de la Sierra”, con presencia en la Sierra del Totonacapan, principalmente en el municipio de Coxquihui. Pérez Pacheco era el segundo al mando de esa hermandad, bajo las órdenes de otro personaje rival del Grupo Totonacapan, Reveriano Pérez Pacheco, cacique y exalcalde de Coxquihui.
Reveriano Pérez, a quien se le conoce como “El Pelón”, fue encarcelado por varios delitos del fuero común el 10 de mayo de 2019. Su aprehensión fue impulsada por el exfiscal general Jorge Winckler, ligado al grupo político de Yunes Linares, y quien hoy es prófugo de la justicia.
El 15 de julio de 2018, el gobierno de Yunes ofreció una recompensa de 1 millón de pesos por Reveriano Pérez, a quien refirió como jefe de la banda “Los Pelones”, dedicada al robo de combustible. La recompensa por Reveriano fue anunciada a 18 días de que el PAN fuera derrotado en Veracruz, donde el candidato a la gubernatura por la coalición PAN-PRD fue Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del entonces gobernador.
Antes del anuncio de la recompensa, Reveriano ya era buscado con una orden de aprehensión en la sierra del Totonacapan. Ello, al mismo tiempo que figuraba en eventos públicos para pedir a sus agremiados el voto por Morena y sus aliados en las elecciones del 1 de julio de 2018.
Si bien, Reveriano fue detenido el 10 de mayo de 2019, apenas duró siete días en prisión, luego de que un juez sorpresivamente decidiera no vincularlo a proceso por los delitos que le imputó la Fiscalía de Jorge Winckler. Esto, ya cuando Morena gobernaba Veracruz.
Reveriano fue amigo de Ferral y lo acompañó cuando fue liberado del penal de Papantla. Además, la periodista reconoció que colaboró con su organización como vocera.
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