Al cumplir 33 años, Ligia Ceballos Franco supo la verdad sobre su identidad, no nació en México sino en España y había sido entregada de manera clandestina a una pareja de mexicanos, quienes nunca le revelaron el paradero de sus verdaderos padres.
La historia de Ligia es una de las muchas que se han documentado en torno a la sustracción de bebés durante la Guerra Civil española y hasta años después de la dictadura de Francisco Franco, en los 90, una práctica que se produjo en cárceles, hospitales, maternidades, casas de cuna y centros de beneficencia, donde congregaciones religiosas y autoridades entregaban a los recién nacidos a familias de México y Chile.
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En entrevista con El Sol de México, Ligia narra que a partir de 2001 comenzó la búsqueda de sus padres biológicos en Madrid y logró que autoridades españolas y mexicanas abrieran sendas investigaciones. Sin embargo, los pocos datos que hay de su origen, la muerte de sus padres adoptivos y otras personas involucradas en el caso fueron determinantes para que el gobierno español cerrara el caso.
En México, el año pasado la Fiscalía General de la República (FGR) le informó que luego de tres años de investigar no había elementos para judicializar el caso, pues no halló a quien imputar delitos.
Con el acompañamiento de Amnistía Internacional, interpuso un amparo ante un juez federal para impugnar la decisión de la Fiscalía y pedir que se reabra el caso.
Ligia sabe ahora que nació en Madrid, el 29 de mayo de 1968, bajo el nombre de María Diana Ortiz Ramírez, pero fue entregada en prohijamiento a un matrimonio mexicano de Yucatán que la registró bajo el nombre de Ligia Ceballos Franco.
“Lo que sé es que mi abuelo, quien en ese entonces tenía buena amistad con Fernando Ruiz Solórzano, arzobispo de Yucatán, se contactó con Casimiro Morcillo, arzobispo de Madrid, para solicitar una bebé para adopción”, explica.
“Me lo dijo mi esposo. Todos lo sabían menos yo, salí en prohijamiento en España porque mis padres no podían adoptar por la edad. Nací en el hospital de Santa Cristina, en Madrid, y esto lo supe porque tengo conocidos en España que estaban en proceso de adopción y me dieron un poco de luz sobre lo que pasó, porque mis padres adoptivos no supieron decirme el lugar exacto donde nací”.
Ya casada por segunda vez y con tres hijos, Ligia señala que en 2010 consiguió copia de su acta de nacimiento. Con este documento se enteró de que sus padres biológicos son Rafael y Martha. “El acta tiene mi nombre de pila, María Diana Ortiz Ramírez, fecha de nacimiento y las personas que firmaron que eran las que estaban metidas en el registro civil”.
Desde Estados Unidos, donde actualmente vive, cuenta que no tiene claridad de cómo fue su entrega, ya que en aquella época se daban caso de jóvenes de 15 años que quedaban embarazadas. “Era un delito, así que las escondían en conventos o casas de acogida en Madrid y al dar a luz entregaban al bebe, la situación histórica les impedía conservar a sus hijos”.
“No hay manera de saber si mi madre era una chica que quedó embarazada y entregó al bebe, o si por ser republicana le quitaron a sus hijos, mis padres pudieron haber sido encarcelados y fusilados, no lo sé”, lamenta Ligia.
En 2005 presentó en España una denuncia por desaparición forzada, pero años más tarde su caso fue archivado por falta de pruebas y fue así que Amnistía Internacional (AI) la convenció de presentar una denuncia en México.
Daniel Canales Anzola, representante de AI en España y abogado de Ligia, señala que el 15 de febrero de 2017 interpusieron la denuncia ante la entonces PGR, hoy Fiscalía General de la República, y el Gobierno mexicano pidió apoyo a la Fiscalía Provincial de Madrid, quien informó que había muy pocos datos del caso.
“A raíz de que interponemos la denuncia México pide colaboración de la fiscalía española, pero al cerrase el caso allá la fiscalía mexicana considera, luego de tres años de investigación, que no puede formular una acusación individual o concreta y no está legitimada para ejercer acción penal”, señala el abogado en entrevista desde España.
El año pasado, el Ministerio Público cerró la investigación al considerar que las personas que intervinieron en los hechos ya fallecieron, por lo que no hay a quien imputarle cargos, señala Canales.
Este año Ligia y AI presentaron un escrito de impugnación ante un juez federal contra la decisión del Ministerio Público de cerrar el caso, el cual está pendiente de resolverse en los próximos meses.
Recientemente la organización internacional publicó un informe que da cuenta de 109 testimonios en México con denuncias similares a los que describe Ligia.
“Tenemos dos caras de la moneda, por un lado madres y padres buscando a un familiar y por el otro, mujeres y hombres en busca de conocer su verdadera identidad”, señaló Anzola.
Afirma que si bien en los años 80 en España se empiezan a investigar la sustracción de bebés, fue hasta 2011, con la presentación de una denuncia colectiva de 261 caso, que se puso en la agenda pública el tema.
Ligia acepta que la posibilidad de encontrar a sus familiares en España es cada vez más lejana. “Quizás algunos de mis familiares murieron en la pandemia, eso nunca lo sabré, pero debemos llamar la atención de que esto sucedió y pueden haber muchos casos más”.
En la parte final de la entrevista señala que sería lamentable que su caso no se reabra porque a muchas personas no se les ha hecho justicia. “No se nos han devuelto nuestras garantías y se nos negado el derecho a conocer nuestra identidad.
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Fuimos víctimas de desapariciones forzadas y a eso se le llama crímenes de lesa humanidad. Como sociedad si no les ponemos un alto estamos condenados a cometer el mismo error”.
Consultada sobre el caso de Ligia, la embajada de España en México respondió que no haría comentario alguno, tampoco lo hizo la FGR en México.
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