Sin reglas ni lineamientos, la Secretaría de Hacienda ha entregado 373,387 millones de pesos a gobierno estatales de 2009 a 2017 a través del Ramo 23, conocido como la “caja negra” del presupuesto federal, por lo que México Evalúa pide que estas transferencias sean reguladas, pues facilita el desvío de recursos públicos.
Al presentar el Informe Arquitectura del Ramo 23, la directora de la organización, Edna Jaime, señaló que hay un gran problema de simulación en los planes del gasto, pues el presupuesto que el Ejecutivo ejerce es muy distinto al aprobado por el Congreso.
“Hace algunos años el Ramo 23 albergaba la partida secreta del presidente. Hoy la historia no es muy diferente: sin reglas ni lineamientos, el Ejecutivo asigna cuantiosos recursos a estados y municipios”, indicó.
En el reporte se menciona que “a través de algunos fondos de este Ramo se transfieren recursos a gobiernos locales, los cuales presentan un riesgo elevado de ser usados para premiar o castigar a dichos gobiernos; es decir, para el control político”.
También señala que “su asignación se hace sin contrapesos, queda a criterio exclusivo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; cuánto se gasta, a quién se le da, por qué, cuánto y cuándo. Los datos sugieren que con frecuencia la objetividad esperada en las asignaciones entra en conflicto en tiempos electorales”.
Precisó que las partidas de gasto del Gobierno federal con mayor sobregasto del periodo 2013-2017 son el apoyo a pasivos para pensionarios de Pemex y CFE; aportaciones a fideicomisos públicos y subsidios a entidades y municipios.
En ese lapso, estos tres programas del Ramo 23 tenían aprobado un gasto acumulado de 22 mil mdp, pero terminaron ejerciendo 318 mil mdp, equivalente al 30% del aumento en los ingresos tributarios entre 2014 y 2017.
Ese gasto equivale a: 1.7 veces el gasto de Pensión para Adultos Mayores 1.5 veces el gasto de Prospera y 16.8 veces el gasto de estancias infantiles, refirió.
Calderón y EPN favorecen a estados gobernados por sus partidos
México Evalúa analizó también la entrega de transferencias discrecionales del Ramo 23 a los gobiernos estatales durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en donde resaltan dos escenarios.
El primer escenario corresponde con años regulares, sin elección federal en puerta. En éstos se observaron comportamientos distintos en las dos administraciones: la administración de Calderón privilegió con mayores transferencias a los estados con gobernantes emanados del mismo partido, por encima de los estados gobernados por la oposición.
En cambio, la administración actual ha mostrado una diversidad de comportamientos e incluso el monto de transferencias fue mayor para los gobernadores de oposición.
“Lo anterior también puede obedecer a un comportamiento racional: los recursos discrecionales pueden tener utilidad para ganar simpatizantes, algo que debe considerarse cuando se busca aprobar reformas transformadoras. En esos casos puede ser valioso ganar aliados al apoyar gobiernos políticamente relacionados con los opositores”
El segundo escenario corresponde al año previo a la elección presidencial (2011 y 2017), en donde ambas administraciones muestran el mismo comportamiento: el monto promedio de transferencia se incrementa a los gobiernos estatales del mismo partido con respecto al monto promedio observado en otros años. Y el monto promedio de transferencia a los gobiernos estatales de los partidos de oposición disminuye.
En el caso del Gobierno federal panista, esto ocurrió más en las transferencias a los gobiernos estatales emanados del PRI, lo cual coincide con una etapa en la que encuestas ya registraban mayores probabilidades de triunfo para el candidato de ese partido.
En el caso del Gobierno federal priista, se observó que el recorte al gasto de 2017 en estos programas afectó principalmente a los gobiernos estatales cuyos gobernadores emanaron del PAN.
En el 2011, cuando el PAN estaba en la presidencia, los subsidios más altos se transfirieron a los estados gobernados por Acción Naciones. Aquellas entidades que no recibieron recursos eran de distinto partido.
Una situación similar ocurrió en 2017, cuando los mayores montos de subsidios se transfirieron a los estados priistas, mientras el PRI estaba en la presidencia.
Ante ello, México Evalúa concluye que es necesario revisar el diseño y facultades de Haciencia, oficialías mayores y el Congreso para asignar recursos y vigilar el ejercicio del gasto.
“Es fundamental diseñar y operar mecanismos de participación ciudadana para contrarrestar dicha discrecionalidad, así como valorar que el Congreso reciba información del ejercicio del gasto con mayor frecuencia y oportunidad”.
Subraya que la entrega de recursos sin justificación legal y normativa debe prohibirse estrictamente, pues facilita el desvío de recursos públicos.
“Es necesario prohibir, desde la ley, los programas de subsidios sin reglas de operación, pues esta práctica impide garantizar el mejor uso de los recursos públicos, se presta a su uso político, además de perjudicar el buen funcionamiento de la democracia y el federalismo que son elementos distintivos del diseño del Estado mexicano”, reiteró
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