LA PAZ. El gobierno de facto de Bolivia, que asumió el poder tras la renuncia del expresidente Evo Morales por presión de los militares, presentó un proyecto de ley para convocar a elecciones y calmar la violencia que ha dejado 32 muertos desde los cuestionados comicios del 20 de octubre.
El anuncio llegó luego de que la fiscalía elevó a ocho el balance de muertos en enfrentamientos de manifestantes leales a Morales y fuerzas de seguridad en una planta de combustible cerca de La Paz el martes , con lo que el número de fallecidos subió a 32 desde la elección hace un mes.
El texto, que debe ser aprobado en el Congreso, donde el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales es mayoría, anularía las elecciones realizadas hace justo un mes, en las que Morales fue declarado ganador para un cuarto mandato. La bancada de Morales había entregado más temprano al Senado un proyecto similar, que está bajo análisis de una comisión.
También permitiría la elección de un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE), encargado de definir una fecha para los comicios. Ese organismo estuvo en el centro de una polémica sobre el recuento de votos favorable a Morales y sus anteriores autoridades están detenidas.
Áñez, que mantiene la posibilidad de emitir un decreto presidencial para convocar elecciones, declaró en una conferencia de prensa que busca con el proyecto legal “generar un consenso nacional”.
La mandataria interina, una senadora de derecha de 52 años, había dicho que convocaría a elecciones presidenciales y legislativas “en las horas siguientes”.
MÉXICO, CONTRA ELECCIONES
En Washington, la Organización de Estados Americanos (OEA), que había estimado que el escrutinio de octubre estaba plagado de irregularidades, aprobó una resolución llamando “urgentemente” a la convocatoria de nuevas elecciones.
La iniciativa, impulsada por Colombia y Brasil, recibió el respaldo de la propia Bolivia, cuya misión en la OEA ya obedece al nuevo Ejecutivo autoimpuesto.
Y, además, se sumaron naciones caribeñas como Antigua y Barbuda, Granada y San Cristóbal y Nieves, que criticaron tanto el papel de las Fuerzas Armadas como la forma en la que asumió el poder Áñez, en lo que consideran que fue un golpe de Estado contra Morales.
En contra de la iniciativa se posicionaron México, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas, mientras que cuatro países (Uruguay, Barbados, Surinam y Trinidad y Tobago) se abstuvieron.
Morales, el primer presidente indígena de la historia del país renunció el pasado 10 de noviembre, luego de tres semanas de presión popular y de perder el apoyo de policías y militares.
Desde su dimisión, sus partidarios denuncian un golpe de Estado y exigen la salida de Áñez, con manifestaciones diarias en La Paz y otras ciudades, que han dejado víctimas mortales y heridos.
Los choques el martes estallaron luego que militares y policías despejaron el acceso a una planta de carburantes en El Alto, ciudad vecina a La Paz que manifestantes leales a Morales ocupaban desde la semana pasada. Otros focos de violencia se registraron el viernes en Cochabamba (centro), feudo de Morales, donde nueve campesinos cocaleros murieron en enfrentamientos con la policía y el ejército.
La Defensoría del Pueblo de Bolivia tiene indicios de que las fuerzas de seguridad dispararon a civiles en el operativo de desbloqueo a la planta de combustible en El Alto, aseguró la titular de esta entidad, Nadia Cruz.
“La denuncia de las víctimas de la población en general, de los testimonios y videos que ellos tienen, es que se han disparado armas de fuego por parte de militares. No han reconocido policías presentes pero sí militares”, indicó Cruz.
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