WASHINGTON. Los planes de deportaciones masivas del próximo presidente de EU, Donald Trump, tendrían un efecto devastador para la economía del país, debido al peso que los trabajadores indocumentados tienen para industrias como la construcción, según estudios y expertos.
La expulsión de las más de 11 millones de personas que viven en EU sin un estatus legal es una de las ideas en las que Trump centró su campaña, estigmatizando a los migrantes indocumentados como “criminales” y asegurando que “envenenan” al país.
Además del millonario costo que le supondría al Gobierno y las dificultades técnicas para llevar a cabo esta labor, el país se enfrentaría a una recesión al perder a millones de trabajadores, según indicó un estudio de American Immigration Coalition.
El análisis señala que una implementación masiva de deportaciones podría provocar una caída del PIB anual entre el 4.2 por ciento y el 6.8 por ciento, lo que equivale a pérdidas de entre 1.1 y 1.7 billones de dólares anuales. Estas cifras superan el impacto de la Gran Recesión de 2007-2009, cuando el PIB se redujo un 4.3 por ciento.
El impacto negativo sería especialmente severo en California, Texas y Florida, estados que albergan casi la mitad de los inmigrantes indocumentados del país y donde uno de cada 20 residentes podría ser deportado.
Estos estados desempeñan roles económicos clave para el país y, al perder una parte significativa de su fuerza laboral, la economía local podría enfrentar un retroceso importante.
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La industria de la construcción, que emplea a millones de trabajadores a nivel nacional, se encuentra entre los sectores más expuestos a estas pérdidas.
Aproximadamente el 14 por ciento de los trabajadores en construcción son indocumentados, representando más de un millón de personas en todo el país, según un estudio de la organización Workers Defense.
En Texas, el gobernador Greg Abbott (aliado de Trum) colaborará con el Gobierno para los planes de deportación, señalando que el estado “ya tiene la infraestructura lista” para identificar, localizar y arrestar a los indocumentados.
El sector de la construcción en Texas tiene un peso importante, generando 1 de cada 20 dólares dentro de esta industria en EU y depende en gran parte de los trabajadores indocumentados.
Según un estudio de la organización Workers Defense, más de un 50 por ciento de los trabajadores de la construcción en el estado no tienen un estatus migratorio legal en EU.
Expulsar a todos estos trabajadores “devastaría” la industria, señaló Juan Carlos Cerda, director para Texas de la organización American Business Immigration Coalition.
“Si el estado decide colaborar, estaría disparándose a sí mismo. (...) haría que los proyectos se desaceleren y que los precios suban”, indicó Carlos Cerda, “cuando se habla del milagro de Texas, de la construcción y las nuevas industrias emergiendo aquí, eso solo es posible gracias al trabajo de los residentes indocumentados”.
Además del impacto económico, las deportaciones tendrían sobre todo repercusiones humanas: en Texas, unas 5.6 millones de personas viven en familias con “estatus mixto”, donde al menos un miembro no es ciudadano de EU.
“Perder a los trabajadores inmigrantes en Texas no solo será perjudicial para la floreciente industria de la construcción, sino que también representará una gran pérdida para el tejido social de nuestro estado”, subrayó Christine Bolaños, directora de comunicaciones de Workers Defense Project Texas.
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El estado es uno de los más conservadores y que maneja una agresiva política antimigrante. Ayer, un juez federal anuló un programa del presidente Joe Biden que buscaba regularizar la situación de cerca de medio millón de indocumentados, cónyuges o hijastros de ciudadanos estadounidenses.
Según el fallo, el juez J. Campbell Barker encontró que el programa “Mantener unidas a las familias” viola la ley de inmigración de EU, y se pone del lado de Texas que demandó la norma.
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