El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha vuelto a generar polémica en la región, luego de que emprendiera una cruzada en contra de las pandillas —o maras, como se conocen en Centroamérica—, azuzado por un estado de excepción aprobado en fast track por el Congreso del país.
Bukele decretó el 27 de marzo el estado de excepción en todo el país, luego de que ese fin de semana El Salvador registrara 87 asesinatos, de los cuales 62 se registraron en un sólo día.
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No obsante, del recuento de personas fallecidas, según el medio El Faro, 30 de ellas no tenían relación con las pandillas.
Este aumento tan significativo de homicidios no se veía desde hace dos años, sin embargo, llama la atención a organismos internacionales la decisión del presidente salvadoreño.
¿Qué significa que Bukele haya aplicado el estado de excepción?
De acuerdo a la Constitución de El Salvador, el artículo 29 define al régimen de excepción como aplicable "en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público.
"Podrán suspenderse las garantías establecidas en los artículos 5, 6 inciso primero, 7 inciso primero y 24 de esta Constitución, excepto cuando se trate de reuniones o asociaciones con fines religiosos, culturales, económicos o deportivos", agrega el documento.
¿Por qué resulta preocupante?
Como se indica arriba, diversos artículos podrán ser suspendidos en casos de perturbaciones de orden público. Estos artículos corresponden a la libertad de entrar y salir del territorio; libertad de expresar y difundir sus ideas; libertad de reunión; y la inviolabilidad de la correspondencia o la prohibición a la intervención de llamadas telefónicas, respectivamente.
La otra cuestión es la violación de derechos humanos de quienes están en la cárcel. Mucha veces se ha criticado la actitud criminalizadora de Nayib Bukele hacia los reos, la manera en que los exhibe muchas veces promueven una estigmatización hacia estas personas. Con la aplicación del régimen de excepción, no sólo se vulneran los derechos de los presos, también lo están los de el ciudadano común. Por tanto, organismos internacionales llaman a prestar atención ya que se podría prestar para criminalizar a cualquier persona.
También, se ha acusado la actitud beligerante de Bukele que pretende, con mano dura, solucionar los problemas de El Salvador. Lo anterior queda patente en las publicaciones que el mandatario ha realizado a través de su cuenta en Twitter sobre el estado de los integrantes de las maras encarcelados, luego de que ordenara mantenerlos en su celda las 24 horas del día, así como racionar la misma cantidad de alimentos para atender a la población carcelaria y los detenidos a partir del fin de semana.
Esto ha resultado en señalamientos sobre la omisión del problema real que acarrea el país centroamericano: pobreza, la ausencia de trabajos y de oportunidades, y la violencia, junto con una cultura política centroamericana que parece engendrar cíclicamente dictadores.
"El régimen de excepción es la tendencia más evidente al ejercicio del autoritarismo como forma de gobierno y eso se va acentuando. Hay un ejercicio autoritario del poder", dijo Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de Cristosal, una organización que promueve los derechos humanos.
Endurecimiento de penas a pandilleros
La guerra contra las pandillas, como ha sido llamada por el propio Bukele, no parece que se vaya a detener pronto, ya que la noche de este miércoles el Congreso aprobó un paquete de leyes que endurecen las penas contra los integrantes de las maras, incluso si se trata de menores de edad.
De acuerdo con la información que el mismo mandatario compartió en su cuenta de Twitter, a partir de su aprobación las pandillas serán consideradas como grupos terroristas. Asimismo, se establece que los miembros de una mara serán juzgados como adultos desde los 12 años de edad, y permanecerán en prisión mientras dure su proceso.
Respecto al endurecimiento de las penas, sólo por pertenecer a una pandilla el tiempo mínimo en prisión será de 20 años en prisión, mientras que la sentencia más dura serán hasta 60 años de cárcel en caso de que se pruebe que un servidor público forma parte de una mara o colabora con ella.
Al igual que el estado de excepción, el paquete de modificaciones a las penas contra pandilleros fue aprobado casi sin discusión en el Congreso de la noche a la mañana, lo que trajo nuevas acusaciones sobre la desaparición de las barreras entre los poderes de El Salvador.
Cárcel o muerte, advierte Bukele
Como parte de su campaña contra las maras, el presidente de El Salvador escribió un tuit en el que pide a los padres de familia que muestren un video a sus hijos, donde se aprecian las condiciones en las que se encuentran los presos al interior de las prisiones.
Explíquenles que entrar a la pandilla solo tiene 2 salidas: la cárcel o la muerteNayib Bukele
Esta no es la primera vez que el mandatario eleva a este tono el discurso contra las pandillas. En 2020, luego de un pico de violencia menor al que se vivió el pasado fin de semana, se ordenó un estado de emergencia en las cárceles, por el que se mezcló a integrantes de varias maras en una sola celda.
La medida fue duramente criticada por voces al interior y al exterior del país, que acusaron al presidente de echar a andar una bomba de tiempo que podría terminar en un baño de sangre.
En el mismo sentido, señalaron que la sobrexposición de la situación que pasaban los reos era un espectáculo mediático para hacer creer que el gobierno tiene el control de la situación.
Organizaciones condenan decisión de Bukele
Por dichos motivos, es que a organizaciones de derechos humanos les ha preocupado la decisión de Nayib Bukele, y es que según los organismos de derechos humanos, los derechos de los salvadoreños están siendo coartados bajo la premisa de que se debe terminar con los pandilleros a como de lugar, esto sin importar si se violan los derechos de los salvadoreños.
Sobre las recientes acciones, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) enfatizó que hay preocupación debido a que "el decreto aprobado suspende garantías que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala como derechos que no pueden ser suspendidos en un estado de excepción".
"Este extremo supone otra grave amenaza a la libertad de prensa y a los derechos humanos", por tanto, "para que el gobierno salvadoreño asegure un descenso de la violencia y protejan los derechos humanos de la población, las autoridades deben actuar de conformidad con las reglas y principios democráticos y derogar cualquier disposición que contradiga normas del derecho internacional de los derechos humanos", condena WOLA.
En ese sentido, WOLA invita a las autoridades, y a los agentes de seguridad, a no actuar arbitrariamente con la población.
El investigador sénior de la División de las Americas de Human Rights Watch, Juan Pappier, señaló que se está monitoreando la situación y que resulta preocupante la ola de homicidios, pero que es debatible la aplicación de un estado de excepción.
También, Amnistía Internacional Américas se mostró preocupada por la situación del país centroaméricano: al igual que Human Rights Watch, indican que están pendientes de la situación.
Nayib Bukele arremete contra instancias de derechos humanos
Frente a las acusaciones de autoritarismo y desmesura que han realizado organizaciones de derechos humanos, Nayib Bukele ha recalcado que fueron ellos (OEA, CIDH) quienes "patrocinaron la Tregua que solo fortaleció a las pandillas y les permitió acumular recursos, dinero, armamento y les permitió entrenarse en los polígonos de tiro del ejército para matar salvadoreños".
A manera de demostrar lo contrario, Nayib Bukele ha dicho a la comunidad internacional que deberían "adoptar" a los pandilleros, ya que su gobierno erradicará "la plaga", y ha exhibido los "logros" que se han realizado durante estos dos días de régimen de excepción.
Así puede verse en su cuenta de Twitter al mostrar la captura de integrantes de la Mara Salvatrucha y jactarse de haber atrapado mil 400 pandilleros.
A Nayib Bukele se le criticado que el llamado Plan de Control Territorial, el cual consta de cuatro fases, no cuenta con documento alguno disponible, y por lo tanto, no se conocen los lineamientos que sigue el gobierno salvadoreño, lo que ha hecho pensar que muchas decisiones han sido tomadas unilateralmente por Nayib Bukele.
Si bien los homicidios se habían reducido drásticamente, a un punto que no se había visto desde la guerra civil en los 80, el organismo recalca que no hay una clara relación en la aplicación del Plan Territorial y la reducción de muertes, más bien habrían de considerase otros factores como "la tendencia a la baja registrada antes de que el actual Gobierno asumiera el cargo; y los cambios estructurales que las pandillas han vivido en los últimos años", señala la CIDH.
"La CIDH alienta al Estado a publicitar ampliamente el contenido integral del Plan Control Territorial, así como a restablecer espacios de participación ciudadana, como el extinto Consejo de Seguridad Ciudadana, con el fin de promover la evaluación y rendición de cuentas permanente mediante mecanismos que favorezcan consensos sociales y políticos para su implementación, así como la transparencia y el combate a la impunidad y la corrupción", agrega el informe.
Cabe recordar que la lucha de la administración de Bukele contra el problema de violencia en el país quedó en entredicho cuando en septiembre de 2020, el medio El Faro dio a conocer una investigación, realizada por la propia Fiscalía de El Salvador, sobre las supuestas negociaciones que el gobierno sostuvo con líderes de la Mara Salvatrucha-13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños.
En el mismo sentido, Osiris Luna Meza, viceministro de Justicia y director general de cárceles de El Salvador, y Carlos Amílcar Marroquín Chica, director de Reconstrucción del Tejido Social de la Presidencia salvadoreña, fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bajo la acusación de haber participado en las negociaciones encubiertas con las pandillas.
De acuerdo con la información sobre las presuntas negociaciones, el gobierno de Bukele habría negociado con las maras para conseguir una reducción en los índices de violencia, mientras que los estos grupos obtendrían a cambio beneficios para sus líderes en las prisiones del país.
Las supuestas negociaciones han vuelto a cobrar relevancia durante esta semana, ya que medios como El Faro han cuestionado si la cifra de asesinatos registrada entre el 26 y el 28 de marzo será la respuesta de las maras por el incumplimiento de alguna condición acordada con la presidencia de El Salvador.
El procurador de Derechos Humanos de El Salvador registra denuncias de detenciones arbitrarias
Según información de EFE, el procurador de Derechos Humanos de El Salvador, Apolonio Tobar, informó este lunes 4 de abril ha recibido 67 denuncias de "afectaciones a derechos" bajo el régimen de excepción que vive el país, la mayoría por detenciones arbitrarias.
"El sistema de protección de derechos humanos sí recoge 67 denuncias de afectaciones de derechos", dijo Tobar a periodistas y añadió que lo más denunciado son "detenciones arbitrarias", sin precisar el número.
Llamó a las autoridades de seguridad que se "enmarquen en el principio de legalidad" y que sus actuaciones sigan las normas que rigen a las instituciones.
Pidió el "ejercicio adecuado de la fuerza, no exceder el ejercicio de la fuerza" y apegarse a los estándares y compromisos internacionales.
El Salvador cumplió el domingo una semana bajo régimen de excepción tras una escalada de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas.
El Congreso suspendió, a petición del presidente Nayib Bukele y sin ningún estudio o discusión, varios derechos constitucionales, entre ellos el de la defensa e inviolabilidad de las telecomunicaciones.
El Gobierno de Bukele ha realizado masivas detenciones de supuestos pandilleros, en lo que ha denominado una "guerra contra las pandillas", como lo hicieron sus antecesores.
Las fuerzas de seguridad han capturado a 5.747 supuestos pandilleros, mientras familiares de los detenidos buscan información y han denunciado agresiones.
De acuerdo con publicaciones de medios locales, la Policía publicó y borró de sus redes sociales un video en el que supuestos pandilleros fueron golpeados.
"En el video, de cerca de un minuto de duración, se vio a pandilleros sometidos y torturados sobre un piso de tierra. La cuenta posteó el video algunos minutos, pero luego lo borró", publicó La Prensa Gráfica.
El mandatario salvadoreño ordenó la noche del sábado al director de Centros Penales, Osiris Luna, que los detenidos que se encuentran en las bartolinas (calabozos) de la Policía sean trasladados a penales "para volverlas a llenar".
La organización Human Rights Watch (HRW) solicitó una reunión con el presidente Bukele para abordar la situación de los derechos humanos en El Salvador, según se dio a conocer el sábado.
La directora en funciones para las Américas de HRW, Tamara Taraciuk, publicó en Twitter la imagen de la carta dirigida al mandatario salvadoreño y con fecha 2 de abril.
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Hasta el momento, el presidente Bukele no se ha referido, en Twitter como suele hacerlo, a dicha solicitud.
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