GINEBRA. Las víctimas de la esclavitud moderna aumentaron en diez millones en los últimos cinco años y son al menos cincuenta millones, según nuevas estimaciones difundidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que afirma que más de la mitad de los trabajos forzados se encuentran en países de renta media-alta y alta.
En ese mismo grupo de países se registra una cuarta parte de todos los matrimonios forzados, que son considerados como la segunda categoría más grande de esclavitud moderna, definida como formas de explotación a las que una persona no puede negarse o abandonar debido a amenazas, violencia, engaño o abuso de poder.
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Así, del total de víctimas de la esclavitud contemporánea, 28 millones realizan trabajos forzados y 22 millones están en matrimonios a los que fueron obligadas, lo que representa 6.6 millones de víctimas más en esta categoría que en 2016.
No obstante, la OIT cree que la verdadera incidencia de este fenómeno -en particular cuando involucra a niñas menores de 16 años- es mucho mayor de lo que las estimaciones pueden captar.
En números absolutos hay más mujeres en matrimonios forzados en Asia y el Pacífico, pero si se tiene en cuenta el tamaño de la población de cada región, hay más que en los países árabes.
Los países ricos no son inmunes a este flagelo, pues allí se registra el 26 por ciento de casos.
Tampoco son ajenos al trabajo forzado, que en más de la mitad de casos tiene lugar en países donde los ingresos son medianos altos y altos, un tipo de abuso que se concentra en la economía privada (86 por ciento) y que en el 23 por ciento son víctimas de explotación sexual comercial forzosa.
Por sectores, el trabajo forzado está presente en prácticamente todos y los adultos son mayormente explotados en los servicios, la industria de manufactura, la construcción, la agricultura y el trabajo doméstico. En menor medida las víctimas deben trabajar en la búsqueda de minerales y en canteras, o en buques pesqueros.
También se encuentran en este grupo los que son obligados a mendigar en las calles y los que son forzados a realizar actividades ilícitas.
Sin embargo, algunos estados también imponen formas de trabajo forzado (14 por ciento del total o 3.9 millones de personas), en su mayoría a hombres (78 por ciento) y en 8 por ciento de casos a niños.
Las categorías más comunes son el trabajo forzado en las prisiones, el reclutamiento militar abusivo o la obligación de trabajar con la justificación de la necesidad de impulsar el desarrollo económico del país o de una comunidad.
Los niños son el 12 por ciento (3.3 millones) de los trabajadores forzados, pero se teme que por la dificultad que hay para recoger datos esta cifra sea solo la punta del iceberg.
Los conflictos armados , el cambio climático y la pandemia de Covid-19 han provocado una alteración sin precedentes del empleo y la educación, al tiempo que han exacerbado la pobreza extrema y la migración forzosa, señaló la OIT.
La pandemia agravó la situación ya que afectó los ingresos, en particular de los más pobres, y obligó a muchos trabajadores a endeudarse, lo cual estuvo acompañado de un aumento de la servidumbre por deudas para aquellos que no podían acceder a un crédito formal.
Los migrantes son una categoría muy vulnerable al trabajo forzado, aunque el informe no ofrece estimaciones de la proporción de trabajadores forzados que ésos representan. Esta situación está alentada por la migración irregular, en la que la persona no tiene protección legal.
De manera concreta, la OIT plantea que para emprender el camino hacia el fin de la esclavitud moderna hay que hacer cumplir mejor las leyes y sobre todo las inspecciones de trabajo, así como reforzar las medidas para eliminar el trabajo forzado y la trata de personas en las empresas y cadenas de suministros.
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