Melchor Ocampo, Méx.- Tras la captura de policías estatales y municipales cuidando una toma clandestina de hidrocarburos, crece la queja de que se revise la actuación de corporaciones policiacas e incluso gobiernos que podrían estar involucrados.

Este fin de semana fueron detenidos por autoridades federales cuando resguardaban el robo de combustible en una toma clandestina en Tultitlán los oficiales Paola “N” y Rubén “N”, de 38 años y 47 años de edad, quienes de acuerdo a los registros policiales forman parte de la policía estatal; Rito “N”, de 44 años, ex elemento que causó baja de la entonces Comisión Estatal de Seguridad en septiembre de 2017; Julio César “N”, de 36 años, y Bruno “N”, de 35 años, policías en activo del municipio de Cuautitlán.

En septiembre del 2017 fueron descubiertas al menos dos tomas clandestinas en los límites de los fraccionamientos Santa Elena y Ángel de Luz en Cuautitlán y unos días después un derrame de miles de litros de combustible puso al descubierto otra toma a un par de kilómetros en el fraccionamiento San Blas en el mismo municipio, donde vecinos indicaron que patrullas policiales escoltaban e las madrugadas el robo de hidrocarburo.

En Cuautitlán, la alcaldesa Guadalupe Fernández instruyó apoyar en las investigaciones del robo descubierto este sábado en Tultitlán y pidió todo el peso de la ley para los dos policías de su corporación municipal detenidos por este delito.

De igual manera instruyó al comisario de seguridad local Andrés Pallares a que haga una supervisión minuciosa del desempeño y ubicación de los elementos de la corporación para evitar que cometan actos fuera de la ley o de corrupción como los dos detenidos.

Por separado, afectados de la explosión e incendio de una mega bodega de hidrocarburo robado al fondo de la calle Pedro Pérez; realizaron un bloqueo de la avenida Cuautitlán Zumpango en la que atravesaron sus vehículos quemados, ya que a tres meses de que sus propiedades fueron quemadas por un río de fuego, la alcaldesa Miriam Escalona Piña ya no respondió por los daños.

Al contrario, indicó el dirigente de los afectados, Ernesto Martínez, “la presidenta fue al plantón solo a amenazarnos y decirnos que o es su obligación; incluso amenazó con llevarse nuestros autos quemados al corralón y detener a los manifestantes”.

Destacó que incluso en carpeta de investigación, los afectados indicaron que patrullas municipales resguardaban y abrían paso a los vehículos que llevaron los contenedores que almacenaban el huachicol en la bodega clandestina que se incendió, y que eran patrullas municipales las que escoltaban pipas de combustible en la madrugada a ese lugar, por lo que exigen se investigue a fondo la participación de autoridades en la protección a huachicoleros.