Por la incapacidad y la falta de interés que han demostrado tanto el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y el Comisionado Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, así como sus más cercanos colaboradores, para atender y resolver los problemas en el estado, deben de ser removidos de sus cargos, demandó el presidente Interino de la Barra de Abogados, José Luis Urióstegui Salgado.
El abogado destacó que los funcionarios ya no deben ser llamados a cuentas, sino que más bien ya deben dejar el cargo, pues han dado sobradas muestras de incapacidad y desinterés.
Agregó que los hechos tan lamentables de los crímenes que se cometen a diario en el estado, como los de los jóvenes muertos en un velorio la noche de este martes, demuestran que la delincuencia tiene carta blanca para hacer lo que quiera.
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Insistió en que en materia de prevención y seguridad pública no hay programas efectivos que haya realizado el comisionado y por ello los delitos de alto impacto se han incrementado.
Ante ello, destacó que hay una demanda de juicio político en contra del Gobernador Cuauhtémoc Blanco que debe continuar para no seguir permitiendo que con su incapacidad y la de sus colaboradores continúe dañando al estado y sus habitantes.
Exigen mesa permanente de trabajo
En tanto, abogados de diferentes barras y agrupaciones exigen al gobierno del estado la creación de una mesa permanente de trabajo con representantes especialistas de la sociedad civil para que el trabajo de las diferentes instituciones oficiales sea evaluado y se tomen en cuenta las propuestas de la ciudadanía en aras de resolver los problemas.
“No se trata de que quieran tienen la obligación de escucharnos de atendernos de acuerdo al artículo octavo constitucional entre otros”, dijo el abogado postulante Alfonso Mejia Miranda, a nombre de sus colegas, indicó que más de mil personas han sido asesinadas este año, entre estos, 27 abogados estos desde anteriores administraciones sin que se tenga un solo resultado un solo sentenciado por lo que cuestionó la labor de la Fiscalía General pese a que incrementó su presupuesto en un mil por ciento de 75 a 750 millones y aún así no da resultados.
Agregó que ante esta problemática se ha solicitado al Congreso una audiencia, pero hasta ahora se ha mantenido callado sin una opinión sobre lo que acontece.
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Por ello insistieron también en su reclamo por el crimen de su colega Daniel Benítez, perpetrado el pasado fin de semana e insistió en su llamado a la autoridad estatal para ser tomados en cuenta en busca de aportar todos a la solución.
Demandó que se abra el diálogo constructivo con quiénes tienen la responsabilidad pública y estén dispuestos a cumplir sus deberes, y por ello exigió que se les informe de la condición que guardan las investigaciones de tantos abogados asesinados en Morelos, que se garantice que la impunidad será superada.
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