La policía ministerial de Quintana Roo sigue utilizado prácticas de tortura para lograr el “esclarecimiento” de delitos a través de la “confesión”, informó la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, por lo que emitió recomendaciones a la Fiscalía del Estado.
La CDHEQROO informó este día que mediante el trabajo de investigación de la Segunda Visitaduría General, se pudieron confirmar dos casos de tortura por parte de elementos judiciales (actualmente de la Fiscalía General del Estado), motivo por el cual se emitieron recientemente dos recomendaciones.
Uno de estos casos se vincula con la queja VG/BJ/122/03/2015 que resultó en la recomendación CDHEQROO/09/2017/II. En esta queja el agraviado manifestó haber sido detenido por agentes de la Policía Judicial del Estado, Zona Norte, y que durante su estancia en los separos, fue torturado por agentes de dicha corporación, para que aceptara su culpabilidad por el delito que se le responsabilizaba. Posteriormente, se le trasladó al CERESO de Cancún.
Por otra parte la recomendación CDHEQROO/10/2017/II se desprende de los expedientes VG/BJ/640/12/2015 y su acumulado en razón que una persona de sexo masculino fue detenida por agentes de la Policía Judicial del Estado, sin embargo durante el trayecto y el arribo a las instalaciones de la Policía Judicial, fue objeto de golpes y agresiones verbales.
Durante el tiempo que permaneció en los separos los agentes aplicaron técnicas de tortura a efectos de aceptar su responsabilidad. Adicionalmente los agentes le pidieron llegar a un arreglo, a cambio de que no lo pusieran a disposición por los delitos de los que se le inculpaba, a lo cual la víctima se negó.
Ambas recomendaciones fueron resueltas de manera similar, por lo que por cada caso se pidió al titular de la Fiscalía General del Estado brindar atención médica, psicológica y/o psiquiátrica, medicamentos que en su caso requieran hasta su recuperación total; procederá la reparación material de los daños ocasionados a cada una de las víctimas e inscribirlos en el Registro de Víctimas del Estado; iniciar los procedimientos administrativos en contra de los agentes señalados como responsables de estas violaciones a derechos humanos; emitir la determinación correspondiente de las averiguaciones previas de cada caso por los delitos de tortura; ofrecer una disculpa pública; impartir capacitación y formación en derechos humanos al personal de la fiscalía, especialmente a los agentes de la Policía Ministerial, entre otros.
El ombudsman local, Harley Sosa Guillén manifestó que la tortura es un delito y está proscrito en todo el mundo, dado que una autoridad no puede conducirse mediante estos actos para la investigación y persecución de los delitos; por el contrario se debe de allegar de herramientas científicas para la comprobación de los mismos, así como trabajos periciales y testimoniales que den certeza legal. Asimismo comentó que al igual que todas las recomendaciones que emite el organismo, se le dará seguimiento para el cumplimiento de los mismos.
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