La escalada de violencia que se padece en Guerrero sigue incontrolable, y coloca a los municipios de Acapulco, Chilpancingo y Chilapa como “focos rojos” por su alta tasa de homicidios dolosos, robo con violencia y extorsión, escenario que no solo ha provocado que se adelanten las vacaciones en las escuelas de preescolar, primaria y secundaria, sino también la suspensión del servicio del transporte en por lo menos 35 comunidades entre Iguala y Tierra Caliente.
De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Seguridad (CNS), el puerto de Acapulco continúa catalogado como la ciudad más insegura del país, a pesar de que las autoridades afirman que las muertes violentas van a la baja, pero también admiten que sigue el repunte de los hechos delictivos, a pesar de la participación del Ejército y Marina Armada de México en el combate a los grupos delincuenciales vinculados con el crimen organizado.
El llamado que hizo el pasado lunes el gobernador, Héctor Astudillo Flores, desde la Ciudad de México, de que este estado suriano debe ser prioridad para el gobierno federal, en virtud de que la inseguridad sigue extendiéndose a otros ayuntamientos, de manera incontrolable, es preocupante y por ello solicitó ayuda a la federación para poder frenar la inseguridad.
Sigue incontrolable la escalada de violencia que se padece en Guerrero y coloca a los municipios de Acapulco, Chilpancingo y Chilapa como “focos rojos” por su alta tasa de homicidios dolosos, robo con violencia y extorsión, escenario que no solo ha provocado que se adelanten las vacaciones en las escuelas de preescolar, primaria y secundaria, sino también se suspenda el servicio del transporte en por lo menos 35 comunidades entre Iguala y Tierra Caliente.
De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Seguridad (CNS), el puerto de Acapulco continúa catalogada como la ciudad más insegura del país, a pesar de que las autoridades afirman que las muertes violentas van a la baja, pero también admiten que sigue el repunte de los hechos delictivos, a pesar de la participación del Ejército y Marina Armada de México, en el combate a los grupos delincuenciales vinculados con el crimen organizado.
El llamado que hizo el gobernador, Héctor Astudillo Flores, desde la Ciudad de México, de que este estado suriano debe ser prioridad para el gobierno federal, en virtud de que la inseguridad sigue extendiéndose a otros ayuntamientos, de manera incontrolable, es preocupante y por ello solicitó ayuda a la federación para poder frenar la inseguridad.
En lo que respecta a la Costa Chica, los índices de violencia se asientan en San Marcos y Ometepec, aunque en menor número de muertes por arma de fuego, pero también va en creciente en el municipio de Tlapa, de la región de la Montaña, esto se atribuye a que existen grupos de autodefensa que vigilan la mayor parte de los municipios costachiquenses.
Aunque la ciudad de Acapulco es la que encabeza los homicidios dolosos y se tiene perfectamente identificadas las colonias y las calles con mayor índice de delitos de alto impacto, en donde poco han podido hacer las fuerzas armadas, la Policía Federal, Policía Estatal y los municipales, para contener a los grupos delincuenciales que se disputan el territorio.
Según el Consejo Nacional de Seguridad, este destino de playa cuenta con 20 colonias inseguras, cuatro dentro del rango de alta peligrosidad.
Ha propiciado el magisterio haya decidido adelantar el periodo de vacaciones, bajo el argumento que han recibido amenazas de los delincuentes de que entreguen sus aguinaldos o les hacen amenazas de muerte.
Ayer, en el municipio de Teloloapan, organizaciones de transportistas suspendieron el servicio en las rutas que recorren los municipios de Tierra Caliente y las que van a Acapetlahuaya, de la zona Norte, como consecuencia del amago de una banda delictiva que opera en la zona y límites del estado de Michoacán, quienes les exigían cuotas para dejarlos trabajar.
Las autoridades del estado confirmaron que la suspensión del servicio se hizo como consecuencia del amago de una banda delictiva que opera en la zona y límites del estado de Michoacán, quienes les exigían cuotas para dejarlos trabajar.
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