Tras el doble ataque armado del domingo pasado a los restaurantes “Los Aguachiles” de Cancún y Playa del Carmen, donde algunos comensales resultaron heridos, el sector empresarial de Quintana Roo urgió a las autoridades reforzar las acciones de seguridad y frenar las extorsiones por cobro de derecho de piso.
Ante la ola de inseguridad a la que están sometidos cientos de negocios en Cancún y Playa del Carmen, la Coparmex Riviera Maya hizo un llamado a los diputados para que tipifiquen la extorsión como delito grave.
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“Desde el sector privado promovemos una cultura de la denuncia y hacemos un llamado a nuestros legisladores a lograr de manera urgente la tipificación de la extorsión como un delito grave”, solicitó.
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Actualmente, las denuncias por extorsión o cobro de derecho de piso suelen clasificarse como delitos de bajo impacto, pero para las empresas es necesario que se endurezcan las sanciones a través de la reforma constitucional del artículo 73 fracción 21, señaló el organismo empresarial.
La Coparmex afirma que el cobro de piso tiene un impacto del 30 por ciento del costo operativo de las empresas. Y es muy común que estas lleguen a cerrar por las amenazas de grupos de la delincuencia organizada, de ello la urgente necesidad de poder encontrar una estrategia integral de seguridad.
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En el mismo sentido se ha pronunciado la Canirac, organismo que aglutina a los restaurantes y bares de la ciudad de Cancún, ya que algunos negocios han tenido que cerrar sus puertas por extorsiones y amenazas que ponen en peligro a sus empleados y clientes.
Restaurantes, bares, centros nocturnos, hoteles, moteles, comercios, empresas, prestadores de servicios turísticos, incluso taquerías, estéticas, fondas entre otros medianos y pequeños negocios han sido objeto de extorsiones, y ataques a balazos para que paguen un derecho de piso a grupos delictivos que operan principalmente en Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Tulum.
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