Los homicidios en Guerrero no se han detenido en el estado a pesar del impacto del huracán Otis durante la madrugada del pasado 25 de octubre.
De acuerdo con el informe que publica diariamente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en los 10 días siguientes al impacto de la tormenta en la costa de Acapulco se registraron al menos 21 homicidios dolosos, es decir, un promedio de dos diarios, en todo el estado..
El día más inseguro para la entidad que gobierna Evelyn Salgado fue el pasado 2 de noviembre, con siete homicidios, cuando el país en general vivió uno de los días más sangrientos en lo que va del 2023, pues se contabilizaron al menos 98 muertes provocadas.
En pleno Día de Muertos, Guerrero se ubicó sólo por debajo de Chihuahua, en donde hubo ocho asesinatos; Nuevo León, con nueve; Guanajuato, con 10; y el Estado de México, con 14.
Mientras los homicidios ocurren, 47 de los 81 municipios de Guerrero fueron declarados como zona de desastre natural por el paso del huracán Otis, el cual impactó como categoría 5 —la más alta en escala Saffir-Simpson. Entre las localidades que fueron incluidas se encuentran Acapulco, Chilpancingo, Cocula, Juchitán, Tixtla y Coyuca de Benítez.
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Este último, en donde dos días antes de la llegada del fenómeno fue escenario de una emboscada a elementos de la policía local que dejó 13 muertos, entre ellos al secretario de Seguridad del municipio, Alfredo Alonso López; y al director de la Policía de Coyuca de Benítez, Honorio Salinas Garay.
De acuerdo con los testigos, los jefes policíacos circulaban en su patrulla con sus escoltas, quienes viajaban en otras dos unidades, cuando un comando los agredió desde diferentes puntos sin dar oportunidad de que pudieran defenderse. Al día siguiente el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el despliegue de 30 elementos de la Guardia Nacional en la entidad.
A la par de los homicidios, otro delito que no se detiene en Guerrero a pesar de la emergencia que se vive en la entidad es la extorsión. En su edición de hoy, El Sol de México reportó que transportistas y pequeños comerciantes deben seguir pagando cuotas conocidas como “derecho de piso”.
De acuerdo con el testimonio de un líder transportista que pidió omitir su nombre por razones de seguridad, los taxistas de la entidad no han podido salir a trabajar debido a las malas condiciones de calles y avenidas, sin embargo, su gremio aún debe cumplir con el pago de cuotas para evitar represalias por parte del crimen organizado.
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“En el sitio de taxis al que pertenezco tenemos que cumplir con la aportación a los grupos delincuenciales para que nos dejen trabajar y tampoco arriesgarnos a que atenten contra nuestra vida”, contó a esta casa editorial.
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